El presidente de la República, Martín Vizcarra, se comprometió a publicar, como decreto de urgencia, un proyecto de ley planteado por la Contraloría General de la República al Congreso para acelerar las obras inconclusas o paralizadas a cargo de los gobiernos regionales y locales.

El proyecto busca reducir los riesgos políticos y legales que asumen las nuevas autoridades al continuar una obra iniciada en una gestión anterior. El mandatario explicó que muchas autoridades de gobiernos subnacionales no desean continuar con la ejecución de proyectos que se paralizaron por problemas legales o de corrupción.

“Cuando uno agarra ese proyecto a medio hacer, la autoridad asume activos o pasivos. Es decir, si hay problemas y yo lo termino, después a mí me involucran en los problemas”, señaló Vizcarra tras la reunión entre el Ejecutivo y los alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

El proyecto de ley de la Contraloría plantea un “corte”. En pocas palabras, los problemas de la licitación le corresponden a la autoridad encargada en ese momento, y así con cada período de la obra.

“El propio contralor ha preparado un proyecto de ley para hacer un corte. No quiere decir que no veamos lo anterior, si hay corrupción se va a sancionar. Pero esa fue la autoridad anterior, la nueva [gestión] la agarra desde este momento y la termina, con su propio expediente y presupuesto”, añadió el mandatario.

Vizcarra reveló que se ha reunido con el contralor Nelson Shack y le ha pedido que le alcance la propuesta, pero formulada como decreto de urgencia.

“Como ya sabemos, durante este período el Congreso no puede dar leyes, pero el Ejecutivo sí puede dar decretos de urgencia. El contralor se ha comprometido a darle forma de decreto de urgencia a ese proyecto de ley y alcanzárnoslo como una iniciativa de Contraloría”, apuntó.

“Ahí van a tener la herramienta para inyectar presupuesto y, en corto plazo, tener ejecución de obras que podrían dar beneficio en seis meses o un año a la población”, puntualizó.

Antecedente

A inicios de año, la iniciativa legislativa presentada por la Contraloría contemplaba la creación de un régimen especial aplicable a obras paralizadas por un periodo mayor a seis meses, por razones no imputables al Estado, y que tengan un avance de al menos 80%.

De acuerdo a la propuesta, las entidades podrán dar término al contrato y ofrecer el remanente de la obra a los postores que no consiguieron la buena pro en la selección del contratista.

Si estos postores no tienen interés, se autoriza a la entidad a realizar la contratación directa de un nuevo contratista para finalizar la obra.

Con información al 31 de julio de 2018, la Contraloría ha reportado que las entidades públicas han informado de 867 proyectos de inversión pública paralizados, que corresponden a contratos con un valor de S/ 16,871 millones (2.3% del PBI).

Si se clasifican los proyectos paralizados por su valor contratado, se encuentra que 719 de ellos tienen un valor menor a S/ 10 millones y solo 25 de ellos superan los S/ 100 millones (pero explican S/ 10,754 millones del total).

Las principales razones para la paralización de obras son deficiencia técnica, incumplimiento de contrato, arbitraje, limitaciones presupuestales y falta de terrenos.

En cuanto al tiempo de paralización, la información al 31 de julio de 2018 contiene proyectos que a esa fecha llevaban paralizados desde 323 hasta 1,971 días.

Fuente Diario Gestión

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