La reciente designación simbólica de una “ministra generada por inteligencia artificial” en Albania ha despertado curiosidad global. Más allá de lo anecdótico, nos deja una lección clara: la tecnología por sí sola no cambia las cosas; lo que importa es la decisión de usarla con voluntad política y reglas claras.
Perú ya tiene los datos, falta la decisión
En el Perú, el OECE administra el SEACE, que concentra información de todas las contrataciones públicas. Además, existen tableros de inteligencia de negocios (CONOSCE), un portal de datos abiertos y avances de la Contraloría en gestión de riesgos. Sin embargo, aún no se traduce en un sistema sólido de alertas anticorrupción.
La experiencia nos muestra que el antiguo OSCE llegó a trabajar proyectos piloto —como el de reiterancia de contrataciones— que podían identificar a proveedores que solo venden a una entidad y le suministran de todo. Estos intentos nunca se consolidaron. Hoy la IA ofrece la posibilidad de ir mucho más allá.
Alertas que la IA puede encender ya mismo:
- Concentración anómala de adjudicaciones en pocos proveedores.
- Postores que se reparten licitaciones con ofertas de cobertura.
- Fraccionamientos indebidos.
- Cruces con RENIEC, SUNAT, SUNARP para detectar impedimentos.
- Sobreprecios respecto a bases de datos de precios regionales.
- Bases con requisitos desproporcionados que limitan competencia.
- Adendas contractuales atípicas en monto o plazo.
- Reincidencia de observaciones no corregidas por entidades.
- Proveedores “multi-rubros” con un solo cliente público.
- Adjudicaciones sin o con baja competencia.
- Trazabilidad completa usando el estándar de Contrataciones Abiertas (OCDS).
- Contrataciones no competitivas sin causal legal.
Todas estas señales son técnicamente posibles con lo que ya publica el SEACE y lo que puede interoperar el Estado mediante la Plataforma de Interoperabilidad (PIDE).
No se trata de nombrar ministros virtuales ni de anunciar proyectos futuristas. Se trata de decidir hoy usar la inteligencia artificial con los datos que ya tenemos. El OECE y la Contraloría pueden consolidar su rol de garantes de la transparencia en las contrataciones públicas mediante la interoperabilidad con registros estatales (RENIEC, SUNAT, SUNARP, etc.), complementada con indicadores de control específicos, verificables y sujetos a rendición de cuentas.
La corrupción en las contrataciones públicas no se combate con discursos, sino con alertas tempranas, reglas claras y decisiones firmes. La tecnología está lista; lo que falta es voluntad.
