Después de siete meses de espera, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa,ha emitido su pronunciamiento respecto al recurso de queja que presentó la Procuraduría Anticorrupción en la sonada investigación por el canal Santa – San Bartolo, pesquisa que salpica al actual gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa y el exmandatario ancashino, César Álvarez Aguilar.

La disposición fiscal 95-2019 a la que accedió Correo, ha sido proyectada por el fiscal superior Fredy Gutiérrez Crespo, luego de la inhibición de su colega, Nancy Moreno Rivera, cuyo cónyuge figura como investigado en esta carpeta.

INCOMPLETO

La queja de la Procuraduría estaba orientada a la exclusión de un gran número de personas que fueron denuncias por la Contraloría General de la República, tras las conclusiones de su informe de auditoría a la obra, que desnudan una serie de irregularidades.

La Defensa Jurídica del Estado, representado por el procurador Richard Asmat Urcia, no compartía estas exclusiones. Además, pidió que se amplíe la investigación al delito de malversación de fondos, debido a que según declaraciones de los mismos exfuncionarios del Proyecto Especial Chinecas, se pagó al consorcio San Bartolo (integrado por la constructora de Morillo), 7 millones de soles por concepto de laudo arbitral, con recursos del canon minero.

Sin embargo, este nuevo pronunciamiento de la Fiscalía Superior no menciona alguna opinión al respecto. El fiscal Gutiérrez Crespo, tampoco ha dicho nada sobre la inclusión como investigados de los exconsejeros regionales que votaron a favor del convenio con la OEI para que se licite un paquete de obras, entre ellas la de San Bartolo.

ARCHIVOS Y EXCLUSIONES

Lo que sí ha hecho el fiscal Gutiérrez es incluir a nuevas personas como investigadas en la fase preparatoria y alejar a otros. En el caso de los archivos, si bien los confirma, aclara que no comparte los criterios usados por la Fiscalía Provincial en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que archive la pesquisa para estas personas.

Aun así, se ha alejado de la investigación del caso San Bartolo al exasesor jurídico, Manuel Páucar Obregón, Miki Chávez Miranda, Edwin Gilberto Rojas, Washintong Aliaga Marín, Nimia Arroyo Castañeda, Jesús Ríos Noriega, Albina Blas Pérez y Jorge Eduardo Menacho Méndez.

De otro lado, el fiscal superior ordena que se formalice investigación preparatoria en contra del prófugo exgerente del Proyecto Chinecas, Hugo Rojas Rubio, Samuel Minaya Prieto, Alejandro Ansieto Alvarado Salas, Víctor Caballero Moreno, Gustavo Romero Gómez, Enrique Villa Espinoza y César Augusto Ferré Rodríguez. Si bien todos ellos fueron denunciados por el delito de peculado, la nueva disposición fiscal precisa que también debe alcanzarles la recalificación del ilícito a colusión que hizo el fiscal Wilder Delgado Flores, quien anteriormente estuvo a cargo de la pesquisa.

De esta manera, el número de investigados en este carpeta fiscal asciende ahora a 22 personas, entre exfuncionarios y empresarios. Hay que recordar, que la Contraloría, tras sus hallazgos, denunció a un total de 46 personas.

Inicialmente, se incluyó en la fase de investigación preparatoria a los exgerentes de Chinecas, Arnulfo Morales Corales y Elvis Camarena Luna, así como a Fernando Rocca Luna Victoria, Álvaro Saldarriaga Condoy, Aldo Mautino Bastos, Dante Jiménez Mejía e Ismael García Rivera. Para ellos, la Fiscalía solo consideró investigarlos por negociación incompatible.

Luego tras la revelación de diversos documentos y los cuestionamientos al trabajo fiscal, se emitió una disposición de ampliación en contra de : Juan Carlos Morillo Ulloa, Francisco Argumedo Druett, Janet Morillo Ulloa, César Álvarez Aguilar, el exgerente de Estudios y Medio Ambiente, Yordan Américo Baldoceda Ponce, el representante común del consorcio San Bartolo, Francisco Iván Argumedo Estay, y contra los exgerentes de Chinecas, Juan Gualberto Cortez Chicoma y Víctor Joel Cerna Baes.

CADENA DE IRREGULARIDADES

La Contraloría determinó, como ya hemos referido, una serie de presuntas irregularidades, tanto en la fase contractual como en la ejecución de la obra. Por ejemplo, indica que el expediente técnico fue aprobado sin pasar por la fase de preinversión, que era “un requisito obligatorio” para que pase a la etapa de inversión, contraviniendo normas de ese entonces.

También se cuestiona que se haya otorgado un adelanto por concepto de materiales de 3 millones y medio de soles al consorcio San Bartolo y de 483 mil soles a la empresa supervisora Cesel, por adelanto directo; cuando ninguno de estos abonos estaba contemplado en las bases administrativas.

Los funcionarios de Chinecas aprobaron dos adicionales de 2 millones 700 mil soles y hasta 594 días de ampliaciones de plazo para que el consorcio culmine la obra, por el monto de 6 millones 478 mil soles. Todos estos pagos hicieron que al final la Región termine pagando 36 millones de soles por la obra, cuando la licitó solo en 17 millones de soles, es decir, según la Contraloría, un incremento del 36.42% del valor inicial.

La Contraloría también pone en la mira la resolución del contrato con la constructora, el cual fue de “mutuo acuerdo”, sin que existan razones aparentes para llegar a ello.

Los auditores detectaron que se pagó al consorcio supervisor la totalidad del servicio cuando la obra estaba en un avance del 50%.

En el pago del laudo de 7 millones de soles que aceptaron los funcionarios del GRA y de Chinecas a favor del consorcio San Bartolo, la Contraloría detectó que se le abonó 1 millón 500 mil soles por intereses legales, sin embargo, para el ente contralor este pago es excesivo y solo debió ser de 187 mil soles, existiendo una presunta sobrevalorización de 1 millón 300 mil soles.

Los nuevos investigados, para la Fiscalía Superior, tienen participación de una u otra forma en los hechos que son materia de investigación, por ello opinó a favor de su inclusión en este sonado caso.

Fuente Diario Correo

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