Lista de 19 bienes y servicios que tendrán carácter reservado incluye módulos para bases contrasubversivas, ranchos y medicinas. Decisión genera polémica
El Gobierno tiene luz verde para adquirir bajo la modalidad del secreto militar 19 bienes y servicios que incluyen desde armamento y aeronaves de combate hasta los ranchos de campaña y las medicinas. También los módulos prefabricados para las bases contraterroristas que tienen las Fuerzas Armadas y la policía en los valles de los ríos Apurímac, Ene, Mantaro y Urubamba.
Los procedimientos reservados están vigentes desde el domingo 21 de octubre pasado, cuando se publicó el Decreto Supremo 205-2012-EF en el boletín de normales legales de “El Peruano”. Esta norma –que hasta hoy había pasado desapercibida– añade bienes y servicios no contemplados antes en las disposiciones vigentes de compras de carácter secreto.
Así, además de los alimentos de campaña para los soldados, tendrán el sello de secreto las compras de los equipos, armamentos y municiones no letales de uso policial y la construcción de instalaciones militares, policiales y puestos de vigilancia de frontera. Incluso, las consultorías para elaborar los estudios de preinversión de los proyectos serán contratos reservados.
USO INDISCRIMINADO
Las operaciones secretas de compra requieren la opinión previa de la contraloría, que se encargará de verificar si hay fundamento para declarar secreto un proceso de compra, según la Ley de Contrataciones del Estado.
“El hecho de que sean compras bajo secreto militar no implica que se compre a la loca. Si hubiera un caso de corrupción, es porque la contraloría no hizo bien su trabajo”, advierte el ex contralor Genaro Matute.
Al respecto, el actual contralor Fuad Khoury puntualizó lo siguiente: “Tenemos un equipo que trabajará y responderá al pedido del Gobierno en ser veedores en cada una de las compras. Nada se escapará de nuestro control”.
Sin embargo, el general EP (r) Daniel Mora, congresista y ex ministro de Defensa, alerta que la inclusión de los ranchos de campaña, las medicinas y la construcción de instalaciones militares y policiales en la lista de licitaciones secretas revela un uso indiscriminado del secreto militar. “Esto es una forma de tener discrecionalidad en las compras a manos llenas”.
El proyecto de ley del presupuesto público del 2013 considera S/.4.196 millones para los gastos en defensa y seguridad nacional, un 20% más de lo asignado este año. Solo para la lucha en el Vraem-Urubamba, el Poder Ejecutivo destinó este año S/.400 millones y el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, ha solicitado que dicho presupuesto se incremente en S/.80 millones.
LAS RAZONES DEL EJECUTIVO
El viceministro de Recursos para la Defensa, Jakke Valakivi, y el jefe de la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio de Defensa, almirante Ernesto Lermo, explicaron a El Comercio que el Gobierno decidió aprobar las compras de carácter secreto luego de que se presentaran dificultades para llevar adelante la licitación de las anunciadas diez bases contrasubversivas modulares para el destacamento militar de La Convención.
“Varios proveedores pidieron mantener su nombre en reserva [para participar en los procesos] porque no quieren exponerse a atentados terroristas”, señaló Valakivi.
El Decreto Supremo 205-2012 precisa que tienen carácter de secreto militar o de orden interno las compras o contrataciones de bienes y servicios que revelen los cuadros de organización del personal, la ubicación, cantidad y operatividad del material bélico, así como la distribución de las fuerzas o dependencias militares y policiales, ya que de hacerse públicos se pondría en riesgo la seguridad nacional.
¿Puede poner en peligro la seguridad nacional la información sobre las compras de raciones de combate y medicinas para los combatientes en el Vraem y Urubamba? El ex ministro Mora recordó que existen recientes denuncias por compras irregulares de los ranchos para los soldados y que involucran a las dos únicas empresas proveedoras de estos productos (Duke Logistic S.A.C. y Jadar S.R.L.).
Los ministros de Defensa y del Interior estarán obligados a remitir anualmente al Congreso un informe con la relación de contrataciones secretas.
Fuente El Comercio
