La Contraloría General de la República detectó deficiencias en las obras de prevención que se ejecutan en las quebradas El León (Huanchaco) y San Carlos (Laredo), en la provincia de Trujillo, así como en el cauce del río Chicama (Ascope), en el marco del control concurrente que implementa la institución para las obras y servicios de la Reconstrucción con Cambios.
Los informes de control concurrente, emitidos por la Contraloría Regional Trujillo Nº 126, 127 y 129-2018 CG-CORETR- CC, en los servicios de descolmatación que se realizan en estas dos provincias advierten de hechos que pondrían en riesgo el logro de los objetivos planteados.
Quebrada El León
En el servicio de descolmatación de la quebrada El León, que se ejecuta por un monto de S/ 8’704,496.94, se evidenció que la Municipalidad Distrital del Huanchaco no habría otorgado las condiciones para que el contratista, Consorcio El León, presente las fichas técnicas dentro del plazo máximo establecido en el contrato, lo cual generarían que el servicio no culmine en la fecha prevista.
Quebrada en Laredo
Se identificó que la municipalidad no habría exigido al contratista Consorcio Laredo ejecutar el servicio de descolmatación con la participación del personal y la maquinaria ofertada. Para la realización de estos trabajos se ha destinado un monto de inversión de S/ 7’748,054.90.
Río Chicama
Se evidenció que no se habría cautelado que el contratista Consorcio Chicama ejecute el servicio de descolmatación en el río Chicama con los controles técnicos, económicos y administrativos previstos en el contrato. Para la realización de este servicio se han destinado S/ 44’359,293.16.
La Contraloría recomendó a las entidades se acojan a los supuestos para la aplicación de penalidades, y realizar las acciones previstas en la normativa de Contrataciones del Estado y el contrato, a fin de que los recursos públicos no sean afectados.
El burgomaestre José Ruiz informó que se presentaron problemas en los trabajos de prevención en El León, debido a la existencia de unas 500 familias invasoras en el cauce de dicha quebrada.
“Tuvimos que elaborar un plan de contingencia para desalojar a esas familias y para eso coordinamos con la Policía, que nos pedía comunicaciones al Ministerio Público y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y presentamos la ficha técnica. Eso impedía que la empresa avance con la descolmatación”, acotó.
Reveló que, en algunos casos, las posesiones existentes estaban inscritas en Registros Públicos. “Por limpiar la quebrada hemos sido denunciados en la Fiscalía (por los invasores)”, refirió al tiempo de reconocer que no lograron culminar a tiempo con la elaboración de las fichas técnicas. Los trabajos ya se han culminado en una extensión de 14 kilómetros.
Fuente La República
