La Oficina de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Lima –que depende de la Contraloría– analizó 52 contrataciones de bienes y servicios realizadas el último año por la comuna y detectó irregularidades en 12 de ellas, las cuales derivaron en el pago innecesario de S/.107.955.
Se trata de consultorías y compras hechas en marzo de este año, sobre todo en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que estuvo a cargo de Gabriel Prado hasta el 15 de enero pasado.
La Contraloría profundizó en el caso de los accesorios alquilados “para la foto” de los nuevos patrulleros de Serenazgo, denuncia presentada por un programa dominical el pasado 17 de febrero.
Esta indica que pese a que el escándalo estalló después de iniciado el alquiler, el proceso no se detuvo y los equipos se arrendaron hasta marzo, fecha en que los patrulleros salieron del depósito en el que estaban guardados.
Se alquilaron además circulinas para 40 motocicletas de Serenazgo entre los meses de enero y marzo, pese a que las motos recién fueron puestas en acción entre abril y junio. En total, se pagó S/.50,871 por un servicio que no fue usado.
De igual forma, se pagó S/.10,800 por el mantenimiento de bicicletas de Serenazgo, trabajo que era innecesario porque las unidades eran nuevas. De igual forma, se gastó S/.8,000 en consultorías para habilitar tres centros preventivos, pese a que esos estudios se habían realizado seis meses atrás.
Otro de los contratos irregulares detectados por la OCI da cuenta de S/.45,186 malgastados en una consultoría para comprar un inmueble para oficinas. Los estudios fueron entregados, se licitó la compraventa de un predio y se otorgó la buena pro, pero el concejo desistió por falta de dinero. Manuel Ato del Avellanal, el ganador, ha amenazado con exigir un “pago por lucro cesante”. Lo invertido en consultorías se perdió.
Otros casos
Cabe recordar que hace poco la propia Contraloría informó que está realizando acciones de control en forma simultánea en la administración de la Municipalidad de Lima y sus organismos públicos descentralizados.
Se supo que los casos en investigación tienen relación con el presunto aumento de la planilla de la municipalidad en más del 100%, con relación al año 2010, así como presuntas irregularidades en la ejecución de obras municipales en las playas Venecia y Barlovento al sur de Lima.
La lista de temas investigados por Contraloría incluye las denuncias sobre presuntas irregularidades en la emisión, cobro y destino de los recursos de las fotopapeletas; presunto uso indebido de camiones de la MML en una obra privada; supuestas irregularidades en el Hogar de la Madre y en el Puericultorio Pérez Araníbar.
Además la Contraloría viene recolectando información para evaluar los principales aspectos de los proyectos Línea Amarilla/Vía Parque Rímac, Vías Nuevas de Lima y Vía Expresa Sur. Los referidos proyectos se vienen ejecutando bajo la modalidad de asociaciones público privada. Por otro lado, también se está evaluando la obra pública del túnel Santa Rosa, así como las denuncias de irregularidades en una licitación pública convocada por EMMSA para la remodelación del Mercado Mayorista de Santa Anita.
Villarán sorprende a uruguayos con cuento de la “exiliada política”
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, sorprendió a los uruguayos al manifestar que llegó “como exiliada política a la capital uruguaya a finales de la década de los años 80 y con tres hijos».
Durante una ceremonia que se realizó el pasado 8 de noviembre, en la que fue declarada visitante ilustre por la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, Villarán señaló: «Aquí recibí mucho apoyo y solidaridad, mis hijos fueron a la escuela y todos recibimos manos tendidas que no se olvidarán nunca».
Esta es una mentira más en el rosario de falsedades expresadas por la alcaldesa durante su carrera política, pues en los años 80 el Perú vivió en democracia y no hubo exiliados políticos.
En la ceremonia, Villarán estuvo acompañada por la embajadora Aída “Mocha” García Graña, quien hace algunos días prefirió quedarse con la embajada en Montevideo a seguir perteneciendo al Partido Socialista.
Devolución del dinero
Según indica la información periodística, tras salir a la luz los hechos, la municipalidad firmó un acuerdo extrajudicial con Gabriel Prado, el ex subgerente de Operaciones de Seguridad Miguel Pachas Serrano y el ex funcionario José León Ambia, para que asuman la falta administrativa y repongan el dinero por el monto malgastado en alquileres y consultorías.
En conjunto, ellos devolverán S/. 62,769 en cuotas de S/. 4,561 mensuales que vencen en setiembre del 2014. Del total, el 85% será asumido por Prado.
“La empresa que alquiló las circulinas para los patrulleros se llevó esa plata fácil y ahora los ex funcionarios deben pagar de su bolsillo. Está bien, devuelven, pero esto no debe pasar en una gestión municipal seria”, sostuvo sobre el tema el regidor Alberto Valenzuela.
Fuente Diario Expreso
