Se suele pensar que la responsabilidad sobre los problemas de corrupción en el Perú debe recaer únicamente en el ámbito político. Cada vez que sale a la luz algún caso de corrupción, funcionarios terminan siendo el blanco común de las críticas. Sin dejar de lado la alta responsabilidad que acarrea a los actores del Estado, muchas veces olvidamos que los empresarios también juegan un papel preponderante en la generación de la corrupción.
Si bien no todos los empresarios cometen actos de corrupción, la realidad parece dar cuenta de que los actores privados no son jugadores pasivos en la dinámica delictiva. Muchos empresarios comprenden a la perfección su funcionamiento, saben identificarlo y reconocen su utilidad para establecer relaciones irregulares con la esfera pública.
La encuesta sobre corrupción y empresa privada elaborada por Ipsos, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú y el Banco Mundial (2013) da cuenta de que los empresarios reconocen que el soborno, las coimas y el tráfico de influencias tienden a ser los principales actos de corrupción que emplea el sector privado para obtener un beneficio con el Estado. Asimismo, el investigador Jaris Mujica, en un estudio sobre corrupción e inversiones privadas (2016), demostró que aproximadamente de 1% a 6% es lo que prevén algunos medianos y pequeños empresarios de sus egresos para actos de corrupción.
Por otro lado, el informe de la comisión del Congreso que investigó los casos de corrupción en Áncash (2015) alertó que cerca de 8.000 empresas proveedoras del gobierno regional se beneficiaron con contratos irregulares. Sobre el reciente Caso Odebrecht se sabe que dicha empresa muchas veces trabajaba a través de consorcios empresariales. Finalmente, un ex vicepresidente de la Confiep fue denunciado el año pasado por diversos actos de evasión de impuestos. En resumen, los empresarios reconocen y saben utilizar la corrupción.
Este vínculo también permite poner en tela de juicio el imaginario de que la corrupción afecta a las inversiones de las empresas. Pese a que la corrupción nos acompaña desde tiempos coloniales, esta no parece haber impactado negativamente en el clima de inversiones que posibilitó, por ejemplo, nuestro crecimiento económico durante la última década. Por tanto, que la corrupción no afecte el bolsillo de los empresarios hace suponer que los incentivos para que hagan uso de prácticas ilícitas son bastante altos, sobre todo si a la par se cuenta con débiles mecanismos de control estatal.
¿Qué medidas ha venido tomando el Estado para controlar la corrupción empresarial? Por lo general, las medidas han apelado al criterio ético de las empresas y no parecen haber generado el efecto deseado. No obstante, es muy positivo que un decreto de urgencia del Ejecutivo, de fines de diciembre, haya considerado controlar el movimiento de dividendos y utilidades de las empresas involucradas en actos de corrupción (sobre todo porque el dinero es el elemento fundamental que materializa a la corrupción).
Pese a ello, este tipo de medidas solo apunta a controlar el proceso ex post del acto ilícito y no necesariamente prevenirlo. En un contexto donde el gobierno viene estableciendo mejoras institucionales para “destrabar” los proyectos de inversión, resulta fundamental que a la par se fortalezcan los mecanismos de control, con miras a transparentar las actividades de los empresarios y regular las relaciones entre privados y el Estado. A fin de cuentas, la corrupción, venga del sector público o privado, igual impacta negativamente en el desarrollo del país.
Fuente El Comercio
