Una presunta ilegalidad pondría en riesgo el alquiler de 10 compactadoras que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) pretende realizar en base al desabastecimiento inminente ratificado por el concejo.
Regidores de minoría advierten que la gestión municipal no ha subsanado las observaciones de la Contraloría para autorizar este alquiler.
DUDAS
El pasado 15 de marzo, los quince regidores fueron convocados a sesión ordinaria de concejo para debatir la contratación directa de un nuevo almacén para los programas de complementación alimentaria.
Sin embargo, este tema fue retirado de la agenda para dar paso a una nueva votación sobre el desabastecimiento inminente que ya había sido aprobado por mayoría el 28 de febrero de este año.
La decisión fue anunciada por el alcalde Marco Gasco Arrobas a unas horas del informe que emitió la Oficina de Control Institucional (OCI) del municipio.
A través del oficio N° 289-2019, la Contraloría advirtió que la declaratoria de situación de desabastecimiento no tenia un sustento técnico y legal que así lo respaldara.
Tal como ya lo habían advertido los regidores de minoría en la sesión del 28 de febrero, los argumentos para el desabastecimiento inminente no se ajustaban al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Según el artículo 100 de esta norma, que cita la Contraloría, la situación de desabastecimiento se origina debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria, que no puede ser prevista y “que compromete la continuidad de funciones, actividades u operaciones que la entidad (en este caso, el municipio provincial) tiene a su cargo”.
Pero estos criterios no se sustentaron en los informes presentados por las oficinas de Asesoría Jurídica, Servicios Internos, el Centro de Gestión Ambiental, y la sugerencia de Logística de la municipalidad que recomendaban la declaratoria.
“Se observa que el acuerdo municipal N° 21-2019 autoriza la contratación directa para atender el desabastecimiento, sin embargo, no precisa cuales son los bienes, servicios o consultorías a contratar”, precisa el documento de OCI.
Por estas razones, la Contraloría consideró que la contratación directa -para alquilar maquinaria- podría realizarse “al margen de la normativa de contrataciones” y en sentido opuesto “al principio de legalidad”.
Pese a estas observaciones, 12 regidores dieron su voto a favor de ratificar el desabastecimiento inminente, con la única excepción de agregar al acuerdo N° 21-2019 que eran 10 compactadoras las que se pretendía alquilar.
En aquella última sesión (del 15 de marzo), el regidor Jony Piana Ramírez asegura que se no realizó ningún debate previo a la votación.
“Si se da la contratación, con este procedimiento mal llevado, entonces estaríamos ante una falta. Como consecuencia, los funcionarios, el alcalde y los regidores que aprobaron esta medida pueden ser pasibles de una sanción administrativa” expresó el regidor Percy Espinoza.
Para el alcalde Marco Gasco Arrobas, no existe ninguna irregularidad que motive la anulación de la declaratoria de desabastecimiento inminente.
“Los opositores se oponen a todo. Lo que no se ha hecho en décadas, en una semana Chiclayo va a estar completamente limpio“, indicó la autoridad sin precisar el monto por el alquiler de las compactadoras.
Los concejales Percy Espinoza, Jony Piana y Andrés Puell Varas anunciaron ayer que volverán a denunciarán estos hechos ante la municipalidad y la OCI.
RESPUESTAS
Uno de los documentos que utilizó la gerencia municipal para solicitar el desabastecimiento inminente es el Plan regulador de rutas de recolección de Chiclayo, elaborado en 2017.
En base a este plan, se determinó que existen 33 zonas que deben ser atendidas con 16 compactadoras para recolectar 233 toneladas que genera la ciudad.
La Contraloría sostiene que, al utilizar un plan que ha sido formulado hace más de un año, la información de la municipalidad está desactualizada.
Sin embargo, la jefa de la Unidad de Residuos Sólidos del municipio, Adriana Ghersi Burga, afirmó a Correo que este plan aún está vigente pues la población del distrito no ha incrementado en demasía.
“Ha habido un malentendido. Este plan tiene capacidad holgada. Si aumentamos la cantidad de residuos sólidos que generamos, sería suficiente seguir con el mismo plan”, refirió.
La funcionaria explicó que la municipalidad determinó un déficit de 10 compactadoras porque 6 es el número mínimo de unidades que pueden estar funcionando cada día para el recojo de basura.
Aunque estas precisiones no estaban en el informe entregado a los regidores para su votación, Ghersi Burga aseguró que sí fueron informados “verbalmente” en la sesión de concejo del 28 de febrero.
Incluso, la funcionaria señaló que su oficina emitió un informe técnico con algunas aclaraciones para la segunda sesión (del 15 de marzo) pero que desconocía porque no fue entregada a los regidores.
Consultada por la capacidad de recojo de basura, Ghersi Burga mencionó que, según el último informe semanal, solo llega al 45% del distrito. En los pueblos jóvenes, por ejemplo, la recolección se tiene que realizar de manera interdiaria. Solo ayer, la municipalidad contó con 7 compactadoras además de 7 volquetes y 1 cargador frontal entregados por el gobierno regional de Lambayeque.
Fuente Diario Correo
