Un festín de informes le remitió, en los últimos meses, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) al rector de esta alma máter, los mismos que evidencian serias deficiencias en distintos procesos y ejecución de proyectos, en obras que sumadas superan los S/ 11 millones.
AL DETALLE. Así tenemos que, el pasado 12 de marzo, el OCI de la UNPRG le informa al rector, Jorge Aurelio Oliva Núñez, mediante el anexo al Oficio N° 124- 2018, que, el comité de recepción de obra, recepcionó los trabajos de “Instalación del Servicio Editorial Universitario” de esta casa superior de estudios, con plazos que exceden lo establecido en la norma.
“…favoreciendo al contratista, generando el riesgo que la entidad no aplique penalidades, se genere controversias y no se cumpla con los objetivos previstos en la obra”, dice el documento.
Cabe precisar que el 25 de noviembre de 2017, la UNPRG suscribió contrato con el consorcio Nor Oriental integrado por las empresas Inversiones Inga Vega SAC. y Croke EIRL. para la ejecución de este proyecto por el monto de S/ 1 millón 591 mil 596.08 a suma alzada, en un plazo de ejecución de 143 días calendario.
“…el comité, no habría seguido con los procedimientos que establece la normativa…que el inicio de las condiciones contractuales se realizó con fechas posteriores… todo lo cual ha impedido que la entidad actúe de acuerdo a ley ante la existencia de incumplimiento por parte del contratista a la subsanación de las observaciones”, se lee en el informe.
Otro oficio (N° 495-2017), ingresado el 4 de diciembre de 2017, le advierte al mismo rector que, el expediente técnico de la obra, “Mejoramiento de la calidad del servicio académico del Centro de Idiomas”, no contiene la evaluación del enfoque integral de gestión de riesgo para la ejecución de los trabajos.
“…situación que vulnera la normativa de contrataciones, generando el riesgo de la afectación al correcto desenvolvimiento de la contratación pública”, advierte el OCI.
Se resalta que el valor referencial de este proyecto es de S/ 7 millones 783 mil 619.34 bajo el sistema de contratación a suma alzada y que el expediente técnico se aprobó el 20 de octubre de 2014, el cual fue modificado y actualizado con Resolución N° 649 del 17 de julio de 2017; dos meses luego (22 de setiembre) se aprobó el expediente de contratación.
“…se señala que los formatos consignados en las bases exponen el análisis efectuado únicamente al riesgo de tipo ambiental, sin que se evidencie documentalmente la realización de la evaluación del enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra…”, expresa.
Añade que se debió tener en cuenta que el expediente técnico contempló modificaciones y actualizaciones (2017).
“…debió tenerse en cuenta la evaluación integral requerida por la normativa y adicionarse a dicho expediente; máxime si se tiene en cuenta que el presente año la ejecución de las obras vienen suscitándose inconvenientes por presuntas deficiencias del expediente técnico (diseño y arquitectura)…”, afirma el oficio.
OTRO MÁS. El mismo 4 de diciembre de 2017, el OCI remite al rector Oliva, el oficio N° 496, en el que le da a conocer que, el expediente técnico en proceso de contratación de la obra: “Mejoramiento de la calidad del servicio académico práctico en la facultad de Ingeniería Agrícola”, no contiene la evaluación del enfoque integral de gestión de los riesgos para la ejecución del proyecto.
“…situación que vulnera la normativa de contrataciones, generando el riesgo de la afectación al correcto desenvolvimiento de la contratación pública”, dice el documento.
En este caso, el valor referencial de la obra es de S/ 3 millones 047 mil 752.86, bajo el sistema de contratación a suma alzada.
“…se señala que los formatos consignados en las bases exponen el análisis efectuado únicamente al riesgo de tipo ambiental, sin que se evidencie documentalmente la realización de la evaluación del enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra…”, señala el informe.
Agrega, que se debió tener en cuenta que el expediente técnico contempló modificaciones y actualizaciones (2017). “…debió tenerse en cuenta la evaluación integral requerida por la normativa y adicionarse a dicho expediente; máxime si se tiene en cuenta que el presente año la ejecución de las obras vienen suscitándose inconvenientes por presuntas deficiencias del expediente técnico (diseño y arquitectura)…”, afirma el oficio.
Fuente Diario Correo
