A nivel nacional, se tramitan nada menos que 40 229 casos que involucran en presuntos delitos contra la administración pública a funcionarios del aparato estatal. Eso revela el documento elaborado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que evidencia que en el sur del Perú se registran nada menos que 7 955 expedientes.
Desafortunadamente, Cusco ocupa el primer lugar con mayor carga a nivel del sur. Al cierre del 2018, la región imperial registraba 2 323 casos de corrupción de funcionarios. Esta situación la posiciona en el tercer lugar a nivel nacional después de Lima (7 695) y Áncash (4 543).
Lo que ocurre con Cusco no es una casualidad. Hasta agosto del año pasado, la Procuraduría Especializada en Temas de Corrupción reportó que 270 autoridades o exautoridades eran procesadas por diversos delitos. Para ilustrar un poco el panorama, en la actualidad están tras las rejas los exalcaldes Juan Olivera de Vilcabamba y Roberto Quecaño de Quellouno.
Arequipa ocupa un nada honroso segundo lugar en el sur, con 1 690 casos pendientes de resolverse. Cuestionado sobre este cuadro, el actual procurador anticorrupción de Arequipa, Renato Mendoza, explica que la corrupción se ha generalizado y campea en todos las instituciones.
«Respecto a Arequipa, están involucradas autoridades de alto nivel y funcionarios de menor jerarquía», sostiene.
Entre los delitos más comunes contra la administración pública, figuran tanto el peculado como la negociación incompatible; e involucran a autoridades y personal de todas las instituciones públicas.
De acuerdo a Renato Mendoza, el presunto caso de corrupción de la vía Arequipa – La Joya, que involucra al expresidente regional Juan Manuel Guillén, varios exfuncionarios del gobierno regional, así como empresarios españoles, sigue siendo el más complejo y emblemático de Arequipa.
La investigación de este caso inició el 2014, incluso tres personas -entre ellos un exviceministro- estuvieron presos y ya salieron en libertad. A pesar del tiempo transcurrido, recién en junio de este año se instalará el juicio oral.
La región altiplánica de Puno tampoco está exenta de los casos de corrupción. Se sitúa un poco más abajo de Arequipa, con 1 671 expedientes.
A pesar de tratarse de regiones más pequeñas, también en Tacna (670), Moquegua (823) y Apurímac (778) se registran este tipo de hechos.
REPARACIÓN CIVIL
A decir de Mendoza, el gran reto de la Procuraduría, al ser defensora de los intereses del Estado, es lograr que los sentenciados paguen sus reparaciones civiles. Solo el año pasado, a nivel nacional, cobraron más de S/ 45 millones por este concepto.
Con relación a Arequipa, la Procuraduría logró recaudar 260 mil soles durante el 2017; en tanto que el año pasado la cifra sería superior a los 200 mil soles. La Procuraduría se constituye como agraviado y además de exigir la devolución de los recursos malutilizados, reclama una reparación por daño a las instituciones públicas.
Fuente La República
