El fiscal anticorrupción Marco Huamán abrió una investigación preliminar en torno a la contratación del centro médico Aquamed para que realice pruebas rápidas de descarte de COVID-19 al personal del Ministerio Público. Como primera diligencia, esta mañana se ejecutó una intervención a la sede administrativa de dicha entidad en la Av. Abancay a fin de recoger información de lo sucedido.
La fiscalía anticorrupción busca determinar si hubo irregularidades en la contratación de Aquamed, una empresa que, de acuerdo a su sitio web, está especializada en el cuidado de la piel y tratamientos corporales. Este centro médico había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público (no se sabe bajo qué costo y qué condiciones) para que realice el tamizaje a al menos 2.200 trabajadores de la fiscalía desde este miércoles hasta el sábado.
El lugar acordado era un local en el distrito de Surquillo. En específico, una casa celeste de dos pisos en la cuadra 2 de la calle La Retama donde se habían colocado sillas, a escasa distancia, en la cochera para que los empleados esperen. Sin embargo, haciendo una búsqueda en Sunat, en dicho establecimiento funciona la la empresa PEOPLE MARKETING BTL S.A.C y no el centro médico contratado por la fiscalía.
Este Diario se acercó ayer al domicilio y constató que personal del Ministerio Público había llegado. Pero en la puerta le mencionaron que el servicio había sido suspendido. En un comunicado interno, la entidad comunicó que la actividad se había cancelado luego de verificarse “inconvenientes”.
La fiscalía pidió la noche de este martes disculpas a sus empleados por el malestar generado y anunció la remoción de los funcionarios competentes sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran determinar. Dijeron que en breve estarán comunicando un nuevo cronograma y los lugares de aplicación.
Fiscales consultados para esta nota atribuyeron este inconveniente a una mala gestión de la gerencia general de su institución.
Fuente El Comercio
