La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Ministerio Público realizaron hasta el momento 23 operaciones en el ámbito nacional para recoger documentación sobre presuntas irregularidades en la cotización, adquisición y distribución de canastas básicas. Una de ellas se dio en las oficinas de la Municipalidad de San Martín de Porres (SMP). La intervención se realizó el 28 de mayo pasado luego de que la comuna no diera respuesta a la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte sobre las denuncias que hicieron los vecinos del distrito por los víveres que no llegaron a todos sus destinatarios. La fiscalía halló documentación que probaría que la municipalidad cometió irregularidades en el proceso de adjudicación de canastas básicas que ganó Niisa Corporation por S/999.935.

El año pasado, esta empresa fue condenada como tercera civilmente responsable en un caso de colusión con funcionarios de la Municipalidad de Carmen de la Legua para ganar la adjudicación de un contrato del programa Vaso de Leche. Actualmente, la sentencia se encuentra en apelación.

— Antes de la necesidad —

El 30 de marzo pasado, David Tutaya Quispe, subgerente de Logística y Gestión Patrimonial de la Municipalidad de San Martín de Porres, envió desde su correo personal un mensaje a cinco proveedores de la comuna con el asunto “Cotización de productos para la canasta básica familiar”. Adjuntó un documento de Word con el detalle de los víveres. El 3 de abril, Niisa envió su cotización, la cual fue recibida por el municipio a las 10:13 a.m.

Sin embargo, recién un día después, el 4 de abril, la Subgerencia de Recursos Alimenticios le entregó un memorándum a Tutaya con la “nueva propuesta de canasta básica de alimentos en situación de emergencia por COVID-19”. Cada producto coincidía con la propuesta de Niisa.

El 23 de abril, la empresa obtuvo la buena pro y, según el acta de otorgamiento, Niisa fue “invitada mediante correo electrónico de fecha 3 de abril del 2020”.

Desde el 2005 esta empresa es la principal proveedora de la Municipalidad de San Martín de Porres. Facturó S/117′030.877, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

En diálogo con este Diario, Alberto Retamozo, experto en contrataciones del Estado, afirmó que este proceso es “irregular” y debió anularse. “Debería declararse la nulidad del proceso porque se comenzó mal […] En base al requerimiento hecho el 4 de abril, ordenando el proceso, [la municipalidad]debería hacer la solicitud de cotización y después se debió recibir la cotización. Es decir, el primer paso se hizo al último. Han querido regularizar. Yo no puedo pedir cotización si no tengo el requerimiento”, indicó.

— Descargos —

En comunicación con El Comercio, David Tutaya aseguró que no existió “ningún acto irregular en el presente proceso de contratación”, ya que la Ley de Contrataciones del Estado permite regularizar el trámite de manera posterior debido al estado de emergencia. “La misma norma de contratación estatal establece que las actuaciones preparatorias (etapa en la cual se encuentra el requerimiento) se regularizarán de manera posterior, por ello el documento de la Subgerencia de Recursos Alimentarios con la propuesta de canasta básica de alimentos llega de manera posterior a las cotizaciones”, aseguró.

Gerardo Janampa, abogado de Niisa Corporation, indicó: “[La empresa] no tiene conocimiento de la documentación interna que lleva cada municipalidad. No conocemos el orden de sus procesos”.

Asimismo, negó irregularidades en el proceso de selección. “El proceso fue transparente, conforme con la Ley de Contrataciones del Estado”, pues esta “regula la posibilidad de que las entidades contraten directamente […] [en] una situación de emergencia sin sujetarse a los requisitos formales de la normativa de contratación pública”, afirmó.

— El destino de las canastas —

Los fiscalizadores también hallaron entre los documentos la relación de beneficiarios y de la conformidad de entrega de las más de 14 mil canastas que debía entregar la Municipalidad de SMP. En ellas había numerosos espacios en blanco, incluyendo planillas con menos de la mitad de donaciones recibidas. En cada hoja debía anotarse 15 entregas con la firma de los vecinos como prueba de la entrega, sin embargo estaban incompletas.

Esto corrobora la denuncia hecha por los dirigentes vecinales que inició la investigación a la comuna.

Otra evidencia encontrada y que podría explicar la desaparición de algunas canastas es el cuaderno de control de serenazgo que debía cuidar a las mismas. Al ser un lote tan amplio, las autoridades usaron el local de serenazgo ubicado en el Parque Zonal Manco Cápac para almacenar los víveres. De acuerdo al documento, a las 13:56 del 29 de abril, un personas hombre identificado como Manuel Escobar se hizo “responsable” de la movilización de 20 canastas que fueron llevadas hacia un destino desconocido.

“Sale el vehículo de placa A0D-543, Manuel Escobar llevando 10 canastas, y pone 10 canastas en la camioneta placa B2E-922 que salió a las 14:10, haciéndose responsable el señor Manuel Escobar”, dice la anotación del sereno.

Al respecto, Tutaya señaló que la totalidad de las canastas fueron entregadas por un grupo de funcionarios. También negó conocer a Escobar.

“Desconozco dicha situación de que se haya llevado canastas, también debo indicar que de la revisión de los sistemas de la municipalidad, el señor Manuel Escobar no figura como proveedor en la Municipalidad de San Martín de Porres”, agregó.

A pesar de esto, Manuel Escobar aparece como proveedor de esa comuna en el portal del MEF, cobrando un total de S/9.400 en el 2019. Este Diario busco la versión de Escobar pero no recibió respuesta.

Fuente El Comercio

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