El 20 de mayo de 2015, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) otorgó a la Empresa Privada y Electrónica del Perú (Sepre) la buena pro para el servicio de vigilancia privada por 3 millones 292 mil soles. En este procedimiento de selección, el comité especial no detectó que en la documentación se habría considerado un certificado de estudios falso.
Es por eso que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formuló acusación desde cuatro meses a seis años de pena privativa de la libertad contra seis imputados por los presuntos delitos de negociación incompatible, omisión de actos funcionales y uso de documento público falso.
El caso
Se informó que el 20 de marzo de 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas solicitó la aprobación del expediente de concurso público, para luego designar al comité especial integrado por Luis Gutiérrez Cuba, María Bernabé Carrillo, Silvia Zulueta Cueva, Manuel Ríos Rodríguez y Martha Bernilla Ugaz.
El órgano de control de la EPS detectó que el comité especial no culminó con la visación de la propuesta técnica de Sepre Perú, pues al ser revisada se evidenció que se habría anexado un certificado de estudios presuntamente falso emitido por el colegio Pedro A. Labarthe para Paúl Tolentino Bautista, integrante de Sepre.
La Fiscalía solicitó para el gerente de Sepre, José Salazar Mejía, seis años de pena privativa por los supuestos ilícitos de negociación incompatible y uso de documento público falso; mientras para Manuel Ríos, cuatro años de pena privativa; a María Carrillo, cuatro años; Paúl Tolentino, dos años; y Silvia Zuloeta, cuatro años de pena privativa.
Los documentos fueron presentados al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria.
Fuente La República
