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Fiscalía investiga a Hilbck porque habría favorecido con S/11.5 millones a Camargo Correa

Fiscalía investiga a Hilbck porque habría favorecido con S/11.5 millones a Camargo Correa

En investigación. La Fiscalía Anticorrupción realiza diligencias preliminares en relación con la denuncia que formulara el procurador de la Contraloría General de la República contra el ahora gobernador regional Reynaldo Hilbck y nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno regional y del proyecto Alto Piura. El motivo: un supuesto favorecimiento a la empresa Camargo Correa cuando ejecutó trabajos del Peihap.

AUDITORÍA

La Oficina Regional de Control Institucional efectuó la Auditoría de Cumplimiento a la Unidad Ejecutora del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, ejecución del proyecto y defensa jurídica del Estado, correspondiente al periodo del 21 de mayo del 2010 al 12 de diciembre del 2013.

Así expidió el informe 67 – 2016 – 2 – 5349, que fue remitido a la gobernación regional, mediante documento del 20 de febrero del 2017, y a la Contraloría General de la República, con fecha 29 de diciembre del 2017, habiéndose determinado presuntas responsabilidades civiles y penales, según dio cuenta la jefa encargada de la Oficina Regional de Control Institucional, Lorena Zavala Cruz, con oficio dirigido al Consejo Regional el 19 de enero de este año.

EN FISCALÍA

El fiscal Pedro Ruíz Sime, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, abrió investigación preliminar (Carpeta fiscal 202 – 2017) a Reynaldo Hilbck Guzmán, como presidente del directorio del proyecto Alto Piura, al exgerente general del proyecto, Pedro Mendoza Guerrero; exjefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Jorge Luis Soyer López; y la procuradora pública regional Rosa Chinchay Labrín.

El Ministerio Público tipifica presunto delito de negociación incompatible, en relación con la ejecución de la obra Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del proyecto Alto Piura, cuando estuvo a cargo de la contratista brasileña.

¿FAVORECIERON A CAMARGO?

La denuncia del procurador de la Contraloría General de la República considera que funcionarios del proyecto Alto Piura y del gobierno regional se habrían interesado indebidamente en favorecer a la contratista, al adoptar presuntos acuerdos irregulares sobre ampliación de plazos No. 7, 8, 9 y 10, que técnicamente no eran procedentes, según las normas de contrataciones del Estado.

También homologaron un laudo arbitral con acuerdos sobre controversias que no habrían sido sometidas a decisión de los árbitros en los procesos arbitrales No. 2051 – 078 – 2011 y No. 2264 – 2012 CCL, lo que habría llevado a reconocer a la contratista mayores gastos generales e indemnizaciones por 11’345,094.96 de soles en perjuicio económico de la entidad, recoge la Fiscalía Anticorrupción, que realiza las investigaciones.

CONVERSACIONES CON CONTRATISTA

Mediante memorándum del 6 de setiembre del 2012, el entonces gerente general Pedro Mendoza comunicó al gerente de Asesoría Legal del proyecto, Gabriel Castillo, que con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Presidencia del Consejo Directivo del proyecto habían sostenido conversaciones con los representantes de la contratista Camargo Correa, para concertar temas de interpretación de las cláusulas contractuales, que habrían motivado a la empresa a que inicie los procesos arbitrales.

En el documento, Mendoza da cuenta de las pretensiones de la contratista y los acuerdos a los que habían arribado en los procesos arbitrales y los acuerdos respecto a las controversias no enmarcadas en esos procesos arbitrales y la propuesta de acuerdos.

Además, la Fiscalía tuvo en cuenta que se inobservó que quien ejercía la defensa de los intereses del Estado es la Procuraduría Pública Regional, evidenciándose que no se efectuaron las coordinaciones con dicha oficina para la toma de los acuerdos.

No obstante, los acuerdos fueron presentados ante el Consejo Directivo, que aprobó derivarlos a la presidencia del gobierno regional para tramitar la resolución autoritativa para conciliar.

ADICIONAL

La Fiscalía también investiga al exgerente general del proyecto, Edilberto Ñique Alarcón, dos exgerentes de Infraestructura y otros tres exfuncionarios que estarían relacionados con la inclusión de 444,371.78 soles del adicional No. 13, que no era procedente y no contaba con la aprobación del titular del pliego, en la liquidación del contrato de obra, se indica en el documento fiscal.

Así, los exfuncionarios del proyecto recomendaron la aprobación del adicional No. 13, conformado por mayores metrados provenientes de los adicionales No. 7 y 8, que ya se habían cancelado totalmente.

Fuente Diario Correo

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