La cancelación de la licitación del viaducto Salaverry le sigue generando problemas a la Municipalidad Provincial de Arequipa. La gestión de Alfredo Zegarra contrató a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que elija a la constructora, empero, advertido por la misma Contraloría de que el proceso tenía problemas, dio marcha atrás.
La comisión especial de la Contraloría notificó a los regidores que aprobaron que la obra sea licitada por la OIM y luego anularon este acuerdo. En su informe advierte que la cancelación del proceso fue irregular. Dio a los regidores 3 días para responder a las observaciones.
Lo primero que se discute es la aprobación del convenio con la OIM sin contar con informe legal. Los concejales no fueron notificados con el documento que daba opinión favorable de parte del área de asesoría legal. Este documento se emitió horas antes de que se aprobara el convenio.
Para la Contraloría este sería un primer vicio en el proceso. Tampoco se tenía el informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, como lo establece la ley. Pese a ello, los concejales aprobaron el acuerdo. Luego, regidores de minoría plantearon que se reconsiderara el acuerdo por estos vicios. La mayoría descartaron discutir la reconsideración, conducta cuestionada por la Contraloría.
La licitación se puso en marcha. En octubre anunciaron al ganador de la buena pro. Antes de firmar el contrato con el consorcio ganador, los concejales anularon el convenio con la OIM y el proceso volvió a cero. Para la Contraloría, el costo de S/ 830 mil por la licitación que reclamará la OIM será un perjuicio a la municipalidad que puede traer consecuencias penales para los regidores.
El regidor Mario Melo cuestionó el informe. Indicó que si bien no fueron notificados con el informe legal, se les puso en conocimiento antes de votar. Además indicó que la OIM es la principal responsable por los vicios que tuvo el proceso. Ayer el asesor legal de los regidores de mayoría respondió el escrito presentado por la Contraloría.
Por su parte, el gerente de Asesoría Legal, Carlos Perea, indicó que al momento no se ha generado ningún daño económico a la municipalidad porque no pagó por el trabajo a la OIM. Tampoco se inició un arbitraje.
Fuente La República
