La Contraloría evidenció que exfuncionarios y exservidores del Gobierno Regional de Cusco permitieron el pago de los gastos y honorarios de profesionales (costos y costas) de un proceso arbitral por S/ 659 502.55, pero sin determinar el monto.
El arbitraje se entabló entre el gobierno regional y las comunidades campesinas de Yananoca y Racchi Ayllo, en vista de que no se ponían de acuerdo en el valor comercial de terrenos para la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Los presidentes de ambas comunidades, en el 2014 y 2015, solicitaron el pago del abogado Roland Huilcanina Huarhua y el ingeniero civil Zenón Mendoza Valencia.
Si bien el Tribunal Arbitral dispuso que el gobierno regional asuma la totalidad de gastos del proceso arbitral por su condición de «sujeto expropiante», no estableció los conceptos que debían ser asumidos y menos se cuantificó los montos que debían ser cancelados por la entidad a favor de dichas comunidades.
Sin embargo, la Región tramitó y pagó los honorarios del abogado y el ingeniero civil, que no habían sido fijados ni determinados en el laudo arbitral ni en una liquidación posterior.
Se halló como responsables a los exservidores Eduardo Zans Loayza, Johan Baca Lazarte, Ronald Concha Cazorla, Williams Álvarez Sánchez, Edson Jiménez Rodríguez, Marco Arzubialde Tamayo, Fidel Tarco Quispe y Jessica Carazas Pezo. La auditoría de Contraloría recomienda iniciar proceso sancionador a los exfuncionarios de la gestión del exgobernador Edwin Licona.
Fuente Diario Correo
