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GSP: el espionaje y negociado de Odebrecht contra el consorcio rival

GSP: el espionaje y negociado de Odebrecht contra el consorcio rival

Odebrecht no solo se habría coludido con funcionarios del gobierno de Ollanta Humala para apoderarse del proyecto Gasoducto Sur Peruano. También apuntó a desplazar a sus competidores mediante el espionaje industrial y las coimas.

Y para comprender esa tesis, es clave el testimonio del ex country manager de la compañía francesa GDF Suez Manlio Alessi.

Por el caso Gasoducto Sur, Alessi se sometió a la confesión sincera ante la fiscal adjunta Patricia Castañeda el 28 de noviembre del año pasado. La República accedió a su testimonio impreso. Ahí afirma dos cosas: Odebrecht buscó fusionarse con los consorcios competidores por el proyecto GSP para monopolizar la oferta y a su vez pagó sobornos a privados a cambio de información de sus rivales.

GDF Suez integró el consorcio Gasoducto Peruano del Sur (GPS) junto a las compañías Techint, SEMPRA y TGI. Las cuatro tenían divididas las acciones en 25% y pugnaban por ganar el concurso de licitación de GSP.

Mientras que en el otro bando estaba el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), integrado por Odebrecht, con 75%, y la española Enagás, con 25%.

Punto de partida

A mediados del 2014, los consorcios GSP y GPS, y la Energy Transfer competían por la concesión del Gasoducto Sur.

Energy Transfer desistió de continuar y quedaron las dos consorciadas. Según Alessi, las empresas Odebrecht y Techint buscaron unir a estos competidores. “El 17 o 18 de junio del 2014 se reunieron los dos consorcios con la finalidad de llegar a un consenso”, detalló Alessi.

Alessi explicó que la fusión era la jugada perfecta para GDF Suez: Odebrecht tenía el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Techint la experiencia en infraestructura por el transporte del gas de Camisea.

Sin embargo, añadió el economista italiano, pese a la participación de todos los asociados en las negociaciones, “se frustró el acuerdo a último momento, por un tema que Odebrecht dijo que quería que la compañía Graña y Montero (GYM) tenga opción de entrar en el consorcio”. “El que se opuso fue SEMPRA”, añadió.

Seis días después, Alessi se reunió con Barata. El entramado había sido organizado por su amigo y exgerente de Rímac Seguros, Johnny Brignardello. En la conversación, el ejecutivo brasileño le preguntó si GDF estaba interesada en comprar a futuro parte del 75% de acciones de Odebrecht en GSP. Alessi no lo negó: “Le contesté que era muy probable que sí porque GDF tiene en Ilo varias centrales térmicas que a falta de gas, consumen Diesel”.

Horas después, Brignardello y Alessi se reunieron en el Swissotel de San Isidro. “Me pidió si yo podía dar el precio que nuestro consorcio iba proponer, me dijo eso porque al parecer Barata le pidió esta información y Brignardello le pidió una suma de US$ 6 millones, yo le contesté que no podía dar el precio y que lo único que podía dar era un rango”, relató el economista.

Alessi se dirigió a su oficina a revisar la documentación del proyecto y se volvió a encontrar con Brignardello. “Le di un rango de manera verbal de US$ 7 mil a US$ 7 mil 500 millones; todo esto fue lo que pasó el 24 de junio de 2014”, refirió ante la fiscal Castañeda.

Reducir acciones

En vista de que se había frustrado la coalición entre GSP y GPS, y que sus pretensiones no iban ser cumplidas, detalló Alessi, GDF Suez tenía dos opciones: “Bajarse del 25% al 0,1% con la opción de vender después de la licitación (…) a los otros socios del consorcio, y la segunda opción que era prácticamente lo mismo, pero quedarse con el 25% y vender la totalidad de este porcentaje”.

El presidente de Techint, Paulo Roca, se comunicó con el presidente del Directorio de GDF, Gerard Mestrallet, para abordarlo por esa jugada. “Él (Mestrallet) le comunicó que había tomado la decisión de bajarse del 25% al 0,1% (…). Roca le indicó que ir a la licitación con el 0,1% era indecente, donde Mestrallet tuvo que averiguar internamente en la empresa en París y decidió subir del 0,1% al 2%”.

GDF Suez se quedaba con el 2% de acciones en GPS. Para esa fecha había vencido el plazo para modificar la distribución de participación de los asociados. Los consorcios solo podían realizar cambios culminado el proceso de licitación.

El 26 de junio, el consorcio GPS debía ratificar su composición. Pero ocho minutos antes de que venciera el tiempo informaron a Proinversión de la reducción de acciones de GDF y el cambio de su composición.

Y ahí comenzaron los problemas

GDF había alterado el proceso.

Proinversión le advirtió que si no ratificaban su distribución inicial –es decir, 25% en los cuatro asociados–, quedaban fuera. Le dieron plazo hasta las 9 y 30 de la mañana del 30 de junio.

¿Descalificar o no a GPS? Era la duda al interior del Comité de Pro Seguridad Energética y en Proinversión, entonces liderada por el exministro de Economía Miguel Castilla, investigado por la fiscal Geovana Mori en dicho caso.

Alessi explicó a la fiscal Castañeda que en ese lapso buscó convencer a los altos mandos de GDF Suez de retornar al 25%, sin éxito. “Recuerdo que un miembro del Comité Ejecutivo nos prohibía regresar al 25%”, dijo.

Por su parte, Proinversión consultó a algunos estudios de abogados como Delmar Ugarte. La elaboración del expediente fue liderada por el abogado Miguel Ronceros, quien sugirió descalificar a GPS. Ronceros figura en la lista de codinomes de Odebrecht como “Magali” y recibió US$ 450 mil en cuatro pagos de la Caja 2, según IDL-Reporteros.

Con el estudio listo y llegado el 30 de junio, a las 8 y 36 de la mañana Proinversión le comunicó a GPS que estaban descalificados. Así, Odebrecht tenía servida la cancha: había obtenido información privilegiada del consorcio rival y se favoreció con el informe de Roncero.

Y el 23 de julio, Humala firmó el contrato del proyecto Gasoducto Sur con Odebrecht y Enagás. El consorcio perdedor, en tanto, interpuso una acción de amparo que sigue pendiente de resolverse en el Tribunal Constitucional (TC).

El pago de Alessi

Días antes de la celebración de la buena pro, Brignardello, quien figura con el codinome “French” en las planillas de Odebrecht, se comunicó con Alessi para repartirse la coima. “Había conseguido US$ 1 millón de los cuales quería compartir conmigo la mitad. Ante lo cual le dije que lo iba pensar y días posteriores le dije que sí”, admitió Alessi.

Al cierre de esta nota, Alessi y su abogado no respondieron las llamadas de este diario. ¿Por qué GDF no modificó su participación en el consorcio después del proceso si las bases del concurso se lo permitían? Si GDF no reducía sus acciones hubiera evitado que Proinversión consulte a Delmar Ugarte.

Además, el consorcio integrado por la empresa francesa proponía US$ 200 millones menos que Odebrecht. La constructora brasileña, en cambio, zanjó su oferta en US$ 7328 millones. Era la propuesta más cara y fue aceptada por el gobierno humalista.

Pesquisa preparatoria contra el reloj en caso Gasoducto

Hoy vence el plazo para que la fiscal Geovana Mori formalice la investigación preparatoria contra la presunta colusión en el proyecto Gasoducto Sur.

Alfredo Segret fue representante de Techint en el 2014 y uno de los promotores de la frustrada fusión de los consorcios Gasoducto Peruano del Sur y Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht. Sin embargo, cuando los brasileños celebraron la adjudicación de la obra, Segret protestó y denunció a Proinversión. Segret trabajó para Odebrecht en el consorcio Kuntur. Y luego retornó a Techint. Su historial laboral despierta suspicacias. Fuentes de este diario refirieron que Segret no vive en este país. Viajó a Argentina hace años y no se sabe más de él. La Fiscalía nunca lo ha interrogado por el caso Gasoducto Sur.

Graña y Montero recién se unió al proyecto Gasoducto Sur Peruano después que Odebrecht y Enagás resultaron victoriosos. La constructora brasileña le otorgó el 20% de sus acciones. El proyecto, como se sabe, fue suspendido en el 2017 porque el consorcio no cumplió con el cierre financiero.

La confesión de Manlio Alessi

Testimonio del exrepresentante de GDF Suez Manlio Alessi fue brindado el 28 de noviembre del año pasado ante la fiscal Patricia Castañeda.

Fuente La República

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