Tres trabajadores de la Red Asistencial de Lambayeque (RAL) de EsSalud y un ex proveedor vienen siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y falsificación de documentos.
Se trata de la jefa de Administración de la RAL, María Chávez de Fernández, y los responsables de la oficina de Adquisiciones, Danny Lozano Díaz y Segundo Bances Ventura, quienes habrían concertado con el proveedor Oswaldo Fernández Tapia direccionar a su favor el contrato del servicio de alquiler para el almacén de medicamentos, ello pese a que no se realizó un proceso de selección. Por este irregular contrato, señala la investigación, el Estado habría desembolsado unos S/20 mil.
Hechos
La investigación señala que en julio del 2014, María Chávez elaboró el informe n.°35-OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2014 para justificar el alquiler de un nuevo almacén, debido a que un anterior informe de control determinó que el almacén con el que contaba la RAL en la avenida Los Incas del distrito La Victoria no cumplía con las exigencias del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Conservación de Productos Farmacéuticos. En el informe n.° 35, Chávez también detalló la necesidad de disponer de otro local pues el importe de la merced conductiva podría aumentar de $5 mil a $6 mil.
Los hechos anómalos advertidos por el titular de la acción penal dan cuenta que Chávez habría participado en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado pese a que esa no era su función. La investigación también señala que el referido estudio fue rechazado hasta en dos oportunidades por el Comité Especial para la “Contratación del servicio del alquiler de inmueble para almacén central”, debido a que no se cumplía con ciertos requisitos y debido a que el único postor que se presentó fue Oswaldo Tapia, quien ofrecía arrendar un local en el sector conocido como Parque Industrial en Chiclayo.
Pese a ello, la Fiscalía ha evidenciado que este recibió desembolsos por S/20 mil a partir de las órdenes de compra que suscribieron los imputados Danny Lozano y Segundo Bances. Y que incluso se habría intentado regularizar su situación posteriormente.
Fuente La República
