El Ministerio Público archivó la investigación contra el alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, y sus funcionarios por el presunto delito contra la administración pública, en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

El pasado 17 de febrero, el fiscal anticorrupción Julio Taboada Ramón emitió la disposición n°. 3 donde ordena no continuar la investigación preparatoria contra el burgomaestre chiclayano. La medida incluye a Junio Vásquez Torres (teniente alcalde), Jesús Revilla Jibaja (gerente de Secretaría General), Manuel Mechán Wong (gerente de Desarrollo Urbano) y Germán Flores Cabanillas (gerente de Asesoría Jurídica).

Hechos

La investigación se basaba en la denuncia del dirigente de la Asociación de Acreedores de la Empresa Agroindustrial Pomalca, Jacinto Cayetano Gonzales, quien advirtió que la autoridad edil y sus funcionarios aprobaron irregularmente el planeamiento integral del proyecto Los Jardines de Pomalca, el cual perjudicó las zonas rurales de propiedad de la azucarera.

El denunciante señaló que el planeamiento integral implicaba el cambio de uso de las parcelas agrícolas Canclón 1,2,3,4 y 5 a áreas urbanas a fin de asignar zonificación y vías primarias al proyecto promovido por Proconsulting & Project Investment SAC.

Dichos predios rurales de la empresa Pomalca, de acuerdo al denunciante, fueron dados como donación de pago a la empresa Servicios Agrícolas y Comercializadora La Pradera SAC, en virtud a una supuesta deuda existente. Después, Proconsulting le condicionó la adquisición de tales predios rústicos a su nueva propietaria La Pradera SAC.

Sobre el particular, se mencionó que la transacción a favor de la inmobiliarias fue otorgada por el ex gerente general de la empresa Pomalca Víctor Becerril Rodríguez. Además, se detalló que Becerril Rodríguez fue condenado por corrupción de funcionarios luego de aceptar que entregó un soborno al exalcalde David Cornejo Chinguel para que apruebe el planeamiento integral de Los Jardines de Pomalca.

“(…) el acto de corrupción suscitado con otros funcionarios públicos de la gestión edil anterior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, no debe tomarse como punto objetivo y con fuerza acreditativa para asegurar por sí solo que ello configura un presunto direccionamiento ilícito en el acto administrativo suscitado (…)”, se detalla en la resolución fiscal.

Otro aspecto denunciado fue que estos hechos fueron advertidos a Marcos Gasco luego que Cayetano Gonzales le informara las irregularidades en el planeamiento integral presentado por Proconsulting y el pago de una coima por parte de Becerril al exburgomaestre David Cornejo.

Posible giro

En la parte final de la resolución, el fiscal precisa que de existir nuevos elementos de convicción que acrediten la comisión del delito materia de investigación, la disposición de archivo que dará sin efecto y se volverá a reabrir.

“(…) tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 335 del Código Procesal Penal, que precisa: si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuado el fiscal que previno (…)”, reza el documento.

Fuente La República

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