En tiempos del Tahuantinsuyo, la vida no se regía por miles de artículos ni decretos interminables. Tres mandatos principales bastaban para mantener el orden: Ama Sua (no robar), Ama Llulla (no mentir) y Ama Quella (no ser ocioso). Eran simples, todos los conocían, y quien los incumplía enfrentaba sanciones rápidas y severas. La claridad de las normas y la firmeza en su aplicación daban estabilidad a la sociedad.
El Perú actual muestra el reverso de la moneda. En contrataciones públicas tenemos leyes, reglamentos, directivas, pronunciamientos, Resoluciones del Tribunal de Contrataciones, informes de Contraloría, arbitrajes y hasta juicios penales. La nueva Ley General de Contrataciones Públicas (N° 32069) y su Reglamento se suman a esta maraña normativa que, en teoría, debería blindar el sistema frente a la corrupción.
Pero la práctica nos devuelve otra imagen. Pese a la abundancia de normas y sanciones, los casos de colusión, direccionamiento y sobrevaloraciones siguen apareciendo. Los procesos sancionadores o penales se prolongan durante años, y no son pocos los proveedores y funcionarios que continúan operando mientras sus expedientes “duermen” en apelaciones. Paradójicamente, los errores de forma suelen castigarse con rigor, mientras que las prácticas corruptas encuentran cómo abrirse paso entre resquicios legales.
La comparación con el mundo andino es inevitable: los incas, con apenas tres leyes básicas, mantenían cohesión social; en el Perú de hoy, con miles de disposiciones, seguimos sin resolver el problema de fondo.
La verdadera enseñanza está en otro lado. Ninguna reforma normativa reemplaza la ética y los valores de la persona. De poco sirven nuevas leyes si quienes las aplican o las cumplen carecen de integridad. Lo que sostiene a una sociedad no es el exceso de normas, sino la formación moral de sus ciudadanos y autoridades. Un funcionario con principios no se vende; un proveedor honesto no busca atajos ilegales.
Por eso, el reto no es seguir produciendo nuevas normas o parchando las actuales, sino formar personas íntegras: educar en valores desde la escuela, fortalecer la ética en el servicio público y rescatar la idea de que contratar con el Estado es servir al país, no servirse de él. Solo cuando esa convicción sea real podremos hablar de contrataciones transparentes, más allá de lo que diga el último decreto publicado en El Peruano.
Fuente Licita Fácil
