A ocho meses de terminar su periodo, la gestión regional que dirige Humberto Acuña Peralta parece seguir haciendo agua en cuanto a la ejecución de procesos y proyectos se refiere, lo cual causa un alto costo social y hasta económico para los lambayecanos, según afirman consejeros regionales.
Tal es el caso de la Licitación Pública N° 03-2017, para el “Mejoramiento del servicio educativo y ampliación de la cobertura del IEI N° 10855 – caserío Mondragón del distrito de Motupe y la IEI 10185 – caserío Calera Santa Rosa – distrito de Olmos”, proyecto de inversión que supera los S/ 4 millones.
ANTECEDENTES. Este proceso fue convocado el 1 de agosto de 2017; luego, el 23 de noviembre de 2017 le otorgaron la buena pro al Consorcio Corposac, la cual fue impugnada ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) por el descalificado postor Consorcio Askam.
El apelante, tras una férrea defensa, logró que el TCE declarara fundado el recurso impugnativo mediante la Resolución N° 185-2018-TCE-S3, determinando que su oferta fuera admitida para su evaluación y calificación correspondiente.
Por lo tanto, el comité de selección evaluó la oferta de Askam, encontrando ciertos vicios y procediendo a su descalificación.
Askam apela por segunda vez el 27 de marzo del año en curso, con lo cual deja en suspenso la buena pro otorgada al Consorcio San Martín, luego de que el comité de selección descalificara al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, consorcio Maz.
Cabe mencionar que al consorcio Maz fue descalificado por no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.
EL ADMINISTRADOR. Correo llegó hasta la sede del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) en busca de respuestas. Uno de los pocos que dio la cara fue el gerente de Administración, Yosip Mejía Díaz.
“La autonomía del comité de selección en todas las etapas de la licitación es responsabilidad de ellos, el detalle es que una mala calificación retrasa el inicio de la obra, más aún si el TCE señala la responsabilidad del comité al haber incurrido en dicha falta, por lo cual el Organismo de Contrataciones del Estado (Osce) nos solicita informar el descargo de los miembros del comité a fin de determinar su responsabilidad”, indicó Mejía.
Al preguntarle, ¿qué tipo de descargos realizó este comité?, explicó, “ellos señalan haber evaluado de acuerdo a ley según el criterio que tienen, más aún que son personas que se capacitan en contrataciones…todas las resoluciones del TCE son remitidas a la Contraloría por el mismo Osce para las responsabilidades administrativas que correspondan”.
CONSEJERO. Otro que puso el dedo sobre la llaga fue el consejero de oposición y presidente de la comisión de Ética y Fiscalización, José Díaz Periche.
“Es innumerable este tipo de quejas en la gestión de Humberto Acuña, muchos postores llegan a este despacho porque no pueden apelar al Osce porque cuesta, a pesar de tener la razón con sus reclamos”, indicó.
Además, Díaz Periche ensayó una tesis, “no solo el problema es el deficiente trabajo de los comité especiales, sino hay que tener en cuenta los expedientes supuestamente mal elaborados, porque siempre hay adendas, lo cual es otro tema recurrente en esta gestión. Si analizas, ¿cuántas obras ha hecho el GRL?, saca la cuenta ¿cuántas adendas han pagado? y encuentras que hay innumerables adendas, ¿qué significa esto?, o no se hacen los expedientes bien, o algo está sucediendo”.
Díaz Periche fue explícito al mencionar que “sería bueno que el procurador público regional, explique a la prensa, así como lo hizo en una reciente sesión de consejo, cuando dijo que tenía muchos problemas por estas cosas, porque al final terminaban en denuncia y él no sabía cómo explicar los problemas, porque siempre pierde estos casos”.
OFICIALISTA. Quien tampoco se guardó nada, a pesar de ser consejero oficialista (APP), fue Raúl Valencia Medina.
“Lamento que por la falta de acuciosidad y profesionalismo, las intenciones y los deseos del gobernador por darle mayor infraestructura a la educación se vean perjudicados por estas situaciones que es el común denominador en el sector público”, enfatizó.
Valencia adelantó que pedirá procesos administrativos sobre quienes resulten responsables.
“Solicitaré que se haga la investigación respecto a estos casos donde está en tela de juicio la transparencia, el buen uso de recursos…una cosa es invertir ahora y otra cosa invertir un año después, hay un año de costo social, hay un año de costo económico, porque dentro de un año me cuesta más este proyecto, la pregunta es ¿quién paga esto?, claro que el pueblo”, acotó.
Fuente Diario Correo
