La ampliación irregular en el plazo de la concesión del proyecto de irrigación Olmos –operado por Odebrecht–, los mayores costos de obra y la inaplicancia de penalidades generó un perjuicio económico de US$17,9 millones para el Estado, de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la Republica.
La entidad realizó una auditoría de cumplimiento al gobierno regional de Lambayeque y al Proyecto Especial Olmos-Tinajones (ente adjunto que supervisa las obras), con respecto al contrato de concesión de las obras de trasvase del proyecto de irrigación. El periodo auditado fue desde el 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2018.
De acuerdo al informe publicado en el buscador de la entidad, durante la excavación del Túnel Trasandino –una de las obras del proyecto– la concesionaria solicitó ampliar el plazo de la construcción, ante estallidos de roca imprevistos. La contraloría precisó que, pese a que la concesionaria no acreditó que era una situación distinta a la contemplada en su expediente técnico, el gobierno regional aprobó la solicitud, ampliando el plazo por 819 días calendario. Ello evitó aplicar penalidades por US$9 millones.
También detectó que el gobierno regional reconoció a favor de la concesionaria el pago de US$33,6 millones por concepto de perjuicio económico financiero por ingresos no percibidos durante el atraso en la excavación del túnel.
Ante el rechazo de Odebrecht (que pedía la suma de US$71,6 millones), la concesionaria y el gobierno regional suscribieron una transacción extrajudicial. Se acordó pagar el honorario de uno de los expertos (US$209 mil), mayores costos de obra (US$5,6 millones)y el costo del perjuicio económico financiero (US$3 millones).
Fuente El Comercio
