En octubre de 2014, los vecinos de la provincia de Ayabaca –en la sierra de Piura– protestaron contra la tercera reelección Humberto Marchena Villegas, alcalde de Ayabaca desde el año 2006.
Marchena es natural de Yapango Bajo, un caserío de extrema pobreza en el distrito de Lagunas. En el 2014, luego de las protestas de los pobladores de Ayabaca, donde quemaron maquinaria pesada y paralizaron sus actividades, la Contraloría General de la República envió un equipo para auditar las consecutivas gestiones de Marchena.
Uno de los hallazgos más importantes, por el que ahora afronta un proceso penal, se refiere a la contratación irregular de una concuñada en 13 procesos de selección.
-Acusado de colusión-
En el informe 661-2015, la Contraloría concluyó que en 13 procesos de selección convocados por el municipio el comité especial permanente aceptó el registro y contrató a una participante que no cumplía con los requisitos y presentó documentación falsa. Se trata de Máxima Granadino Cunya, quien sería concuñada de Marchena Villegas y quien fue inhabilitada tiempo después.
El caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Sullana. El último miércoles, la audiencia de control de acusación se postergó por cuarta vez porque no concurrió un abogado de una de las partes involucradas. La nueva audiencia se celebrará el próximo 22 de marzo.
La fiscalía, por su parte, exige 12 años de cárcel para Marchena y 24 años para Granadino por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. El abogado de Marchena en este caso es Alberto Borea, quien defendió de la vacancia al presidente PPK.
Fuente El Comercio
