Zacarías Lapa, congresista del Frente Amplio, expuso ayer su proyecto ante la comisión de Constitución que plantea la inhabilitación perpetua para los funcionarios que sean sentenciados por delitos contra la administración pública.
En diálogo con La República, el legislador precisó que dentro de estos delitos se encuentran el de corrupción de funcionarios, peculado y colusión, entre otros.
Asimismo, precisó que su proyecto propone que esta inhabilitación se aplique solo cuando el funcionario es sentenciado y su condena ya es ejecutada.
Además, el parlamentario informó que en la próxima sesión de la comisión de Constitución se debatirá el predictamen de su proyecto de ley, y agregó que confía en su aprobación en el grupo para luego ser debatido en el Pleno.
«Queremos acabar con la corrupción, y desde el Frente Amplio no retrocederemos en la lucha contra este flagelo que tanto daño le hace al país. Creemos que las demás bancadas apoyarán la aprobación de esta propuesta más rigurosa», declaró Lapa.
Otro proyecto
En la comisión de Constitución también se analizó la propuesta del parlamentario de Peruanos por el Kambio Guido Lombardi, quien plantea que los candidatos presidenciales puedan postular al mismo tiempo al Legislativo.
En una oportunidad anterior, Lombardi afirmó a La República que su propuesta ayudaría a mejorar el clima político en el Congreso.
Cabe precisar que este proyecto requiere de dos votaciones en el Pleno, por tratarse de una reforma constitucional.
La comisión de Constitución es presidida por Fuerza Popular y en la próxima semana continuará el debate de los mencionados proyectos de ley.
Lo que hasta ahora hace la Contraloría
– Actualmente, la Contraloría General de la República sanciona la corrupción de funcionarios con la inhabilitación para el ejercicio con no menos de 2 años ni más de 5 años.
– La Contraloría lanzó la campaña informativa “Tips de control”, la cual busca concientizar a los ciudadanos y animarlos a fiscalizar el trabajo de los funcionarios públicos, quienes deben actuar con imparcialidad política y económica.
Fuente La República
