El proceso de adjudicación simplificado para dar mantenimiento a los ambientes del Ejército Peruano de la ciudad de Sullana, estaría plagado de supuestos vicios que han sido denunciados ante el Órgano de Supervisión de Contrataciones del Estado (Osce), en la región Piura.
Según la representante del postor H&H Contratistas Generales EIRL, inscrito en el proceso, todo apunta a que la adjudicación estuvo supuestamente direccionada para favorecer a una sola empresa.
También se ha dado cuenta de esta situación mediante carta notarial al general de Brigada Gilberto Alvarez Villalobos, comandante general de la Primera Brigada de Caballería del Ejército Peruano en Sullana, con fecha 26 de junio del presente año; pero hasta la fecha el documento no ha tenido respuesta.
GUARDO SILENCIO. Peor aún, dos días después de presentada la carta notarial en la que la empresa buscaría anular el proceso de selección por incumplir normas y procedimientos vigentes en la Ley de Contrataciones del Estado, el comité entregó la buena pro a un postor único. Es decir, que de los 22 postores que se inscribieron en el proceso de selección solo uno presentó sobres y, por ende, ganó la adjudicación.
Se trata del postor único La Mar, cuyo ingeniero de servicio es Luis Alberto Sánchez Valle, familiar directo del mayor del Ejército, Jaime Pastor Valle, jefe encargado de la sección de INGUAR (Ingeniería de Guarnición), y responsable de ejecutar y aprobar los expedientes en la institución castrense y supervisar los servicios.
RELACIONES PELIGROSAS. Será por este grado de parentesco que el funcionario se habría abstenido de firmar el expediente técnico para dicho mantenimiento, por lo que habrían convocado al ingeniero Julio César Cruz Palacios, quien, a decir por la carta notarial, se encuentra inhabilitado por el Colegio de Ingenieros desde el 2017. Es él quien firma los documentos y los planos del expediente.
El proceso observado por el postor es la adjudicación simplificada N° 007-2018, para el “Mantenimiento de la infraestructura del cuartelillo Juan José Farfán y Centro Hípico Militar de la Primera Brigada de Caballería en Sullana”.
Entre los aspectos cuestionados destacan tres puntos.
VALLA MUY ALTA. Lo primero que se observa son las bases integradas para la calificación del personal clave. Según la denuncia, los requisitos técnicos que se exigen para los profesionales son restrictivos y no permiten la pluralidad de postores.
“De acuerdo con el punto B.3. Calificación del personal clave, se solicita para el presente proceso 4 profesionales de diferente experiencia y capacitaciones, lo cual es incongruente para el nivel de servicio a ejecutar”.
El comité exige para un servicio de S/ 200,000, dos especialistas en Infraestructura con estudios de post grado en evaluación y gestión de proyectos sociales y productivos de inversión pública.
Asimismo pide dos profesionales especialistas en Infraestructura con experiencia no menor de tres años, como gerente o jefe de Infraestructura en entidades públicas.
“Como se puede apreciar tanto la capacitación solicitada y la experiencia requerida para el profesional solicitado en el párrafo precedente, no es compatible ni guarda relación alguna con la experiencia necesaria para desempeñar la supervisión y/o control de la ejecución de un servicio de Infraestructura construida, por lo cual dicho requerimiento es ilegal y arbitrario”, menciona el documento.
INFORMACIÓN ILEGAL. Otro de los puntos cuestionados por el postor H&H tienen que ver con las fechas de los documentos, como es el expediente técnico para la ejecución del mantenimiento, el cual entre sus planos tiene como fecha de elaboración junio del 2018, cuando la resolución de aprobación del documento fue en mayo del presente año.
Todo esto haría pensar que “dicho expediente ha sido formulado después que los postores observaron que la información alcanzada vía Seace (bases administrativas) estaba incompleta”.
Para la denunciante Violeta Silva Chambers, lo extraño en las fechas es mínimo comparado con la firma del ingeniero inhabilitado desde el 2017 por el Colegio de Ingenieros, por lo cual “sería ilegal el expediente que supuestamente habría firmado dicho profesional”, cuestiona Violeta Silva.
“Más aún, la Primera Brigada de Caballería deberá responder en su momento la relación contractual de dicho profesional con dicha entidad, en razón que el profesional indicado no labora en el Ejército Peruano, y no realizó consultoría de ningún tipo para la institución”, señala la carta.
POR LAS NUBES. Finalmente, el documento cuestiona los costos de las partidas por ejecutar para el mantenimiento de los ambientes militares.
Llama poderosamente la atención el costo de las puertas de madera para ingreso a los servicios higiénicos con un precio de S/ 800 soles la unidad. También graderías metálicas (4 unidades) a S/ 4.720 la pieza.
La denunciante, asimismo, advierte duplicidad de partidas en las bases administrativas. Se trata del servicio de acondicionamiento de comedor de cuartelillo del cuartel general donde está considerado colocar cielo raso en un área de 160.40 metros cuadrados (incluyendo artefactos fluorescentes y ventiladores de techo), por la suma de S/ 23,432.74. Dicha partida se duplica para el acondicionamiento de la cocina del cuartel de 160 metros cuadrados por el mismo costo, “resultando a un costo real por metro cuadrado de S/146.09, siendo el más caro de todo el mercado nacional”, cuestionó.
Fuente Diario Correo
