La intención del representante del Ministerio Público de archivar la denuncia penal contra el alcalde de La Unión, Vicente Seminario, por una serie de delitos, fue rechazada por la Procuraduría Anticorrupción de Piura.
REACCIONA. El abogado del Estado, Óscar Gálvez Vásquez formuló ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos, «oposición al requerimiento de sobreseimiento» de la Fiscalía.
Para el fiscal, el burgomaestre Vicente Seminario no tendría responsabilidad en la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión y peculado doloso en agravio de la Municipalidad Distrital de La Unión.
No obstante, Gálvez Vásquez considera que la autoridad edil no debe ser excluida del proceso seguido por las presuntas irregularidades cometidas en torno a la ejecución de la obra de saneamiento del citado distrito, valorizada en más de 18 millones 124 mil 670 soles.
AVANCE «FANTASMA». Entre los argumentos de oposición de la Procuraduría, se indica que el representante del Ministerio Público no ha tomado en cuenta una serie de hechos importantes, como el pago de una valorización de 5 millones 225 mil soles, cuando únicamente correspondía cancelar 267 mil 763.01 soles.
Para tal efecto, Vásquez se remite a la investigación realizada por los miembros del Comité de Fiscalización de la Obra, quienes afirman que el avance a pagar (valorización) correspondía únicamente a la última suma citada, y no a los más de 5 millones de soles.
También señala, afín de oponerse al sobreseimiento de los delitos de peculado doloso, colusión y omisión de actos funcionales, que la carta Fianza «ha sido dada de forma irregular, al haber sido emitida por una cooperativa que no es supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)».
«La municipalidad de La Unión, a febrero de 2012, giró (al Consorcio La Unión) 5 millones 225 mil soles, que representaría un 29% de avance (de la obra), siendo que de la revisión del avance real (a la misma fecha) solo reportaba una ejecución de 1.47%», se lee en el documento.
LO QUE CORRESPONDÍA. Al registrar un avance inferior al 2 por ciento, solo se debió pagar 267.763.01 soles, y no la exorbitante suma de 5 millones de soles.
«La Procuraduría se está oponiendo al sobreseimiento de los tres delitos: peculado doloso, colusión y omisión de actos funcionales; al tratarse de delitos pluriofensivos, puesto que afecta a los intereses patrimoniales del Estado y el deber y lealtad o probidad que se espera de los funcionarios o servidores públicos», suscribe Óscar Gálvez.
¿DÓNDE ESTABA?. El abogado de la Procuraduría sostiene que en las bases integradas de la licitación pública, o en el contrato, no se estipula un adelanto similar al aprobado, por lo que esto «llevaría a la presencia de indicios suficientes de la probable comisión de los delitos antes mencionados».
SE PUSIERON DE ACUERDO. Además, persiste la gravedad de la aceptación de una Carta Fianza, vulnerando las normas de contrataciones del Estado, añade.
«Por el contrario y por mutuo acuerdo, se continuo con la ejecución de la obra y incluso se dio el adelanto cuestionado», refuerza.
La obra actualmente reporta un lento avance y corre el riego de no concluir, debido al atraso acumulado.
Además, de los 7 componentes considerados inicialmente en el proyecto de saneamiento, únicamente subsisten 3 del sistema de alcantarillado.
Fuente Diario Correo
