Buenas intenciones existen, pero el tema de fondo será cómo y en qué plazo serán ejecutadas las medidas presentadas por el primer ministro, César Villanueva . Así es como se resume la postura del economista de la Universidad del Pacífico, Jorge González Izquierdo , quien, además, destacó que el recorte de beneficios tributarios, entre ellos las exoneraciones, tendrá un efecto positivo, pero a mediano plazo.

“Casi 3% del PBI son las exoneraciones y otros beneficios. Si eliminan un punto porcentual, hablamos de US$2,000 millones, el país lo agradecerá. Eso no lo podrán hacer en 2018; probablemente les tome 2019 también”, dijo.

También consideró positivo que el Gobierno apunte a la reducción de gastos superfluos para reorientarlos como incentivos que garanticen la continuidad de proyectos en las regiones. Sin embargo, ello requeriría una adecuada capacidad de ejecución.

“Hay un requisito: perfecta sincronización. Si cortas S/100 de gasto corriente, rápidamente lo tienes que llevar a gasto en inversión porque si esperas tres meses, provocarás por corto plazo un impacto negativo en la economía. Sugiero que no corten gastos por S/2,000 millones si no saben cómo van a pasar los recursos al gasto en inversión”.

RECONSTRUCCIÓN

Villanueva también anunció que el nuevo marco normativo para la Reconstrucción con Cambios permitiría que “los proyectos de reconstrucción puedan iniciarse directamente con la elaboración de los estudios de ingeniería e inmediatamente después pasar a la contratación y ejecución”. Esto reduciría en 13 meses el plazo de las obras.

Para el presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, la nueva norma no garantiza mayor celeridad al ejecutar recursos, pues el problema sería la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales.

“En la norma anterior había un fast track para simplificar procesos y no funcionó. Si los proyectos van a seguir en manos de gobiernos regionales, así simplifiquen procesos, los problemas van a seguir por la falta de capacidad de gestión”, dijo.

La norma, a su parecer, debería permitir “la contratación de empresas especializadas en la gestión de grandes proyectos y el seguimiento de la ejecución de las obras”. Pese a ello, calificó de positiva la intención de ampliar las modalidades de contratación y que se incluyan en ese marco los convenios de gobierno a gobierno.

“En el caso de los Juegos Panamericanos, ha dado buen resultado, pero son casos excepcionales”, destacó.

Una postura similar tiene el presidente de ADEX, Juan Varilias, respecto a los gobiernos subnacionales. Lo importante, desde su punto de vista, es mejorar la capacidad de ejecución.

“Ellos necesitan una asistencia mucho más estrecha y directa del MEF. Deberían destinar más técnicos que apoyen a los gobiernos y ayuden a monitorear la ejecución rápida de los proyectos”, destacó.

SABÍA QUE

– El Proyecto de Ley 2391, enviado ayer al Congreso, pide facultades legislativas. Entre otros, buscan modificar la Ley del IGV y el ISC.

– Además, se pretende incentivar que los recursos de los fondos de pensiones que los jubilados retiraron bajo la Ley 30425 sean destinados a una pensión también está en los planes del Gobierno.

– Fortalecer el Fondo para la Estabilización de precios de los combustibles es otro punto sobre el que se legislaría.

Fuente Perú21

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