Con el reglamento de la Ley 30737, sobre empresas involucradas en casos de corrupción, el Gobierno busca garantizar el cobro de reparaciones para el Estado, que no se paren proyectos de inversión comprometidos y que las compañías puedan pagar a sus trabajadores y proveedores. La mencionada ley reemplaza al Decreto de Urgencia 003, de febrero del 2017, cuestionado por afectar la cadena de pagos de los proyectos de Odebrecht, que ha reconocido sus prácticas corruptas.
La norma establece que la reparación civil se calculará sumando el daño patrimonial y el extrapatrimonial. El primero equivale a la utilidad que se obtuvo en todos los proyectos involucrados. El menoscabo extrapatrimonial se fija según cuatro elementos: la gravedad de la pena, el daño patrimonial, la reiteración del perjuicio y el nivel jerárquico del funcionario corrompido.
Para todos los casos, se establece un fideicomiso para asegurar el pago de las reparaciones, mientras el procurador y el juez fijan el monto.
La norma se aplica a tres tipos de empresas involucradas en casos de corrupción: las condenadas o que confesaron; las socias, asociadas o consorciadas de las anteriores; y las investigadas. Estas últimas se pueden acoger voluntariamente al nuevo régimen.
Como se sabe, la única empresa que ha confesado sus prácticas corruptas ha sido Odebrecht, luego de revelarse sus operaciones ilegales en el sistema financiero fuera del país. En tanto, sus socias y consorciadas ya enfrentan complicaciones en la justicia. En tanto, un grupo de compañías, del denominado Club de la Construcción, ya son investigadas por la Fiscalía.
A las empresas condenadas o confesas, el Estado les retendrá el 50% del precio de venta neto (luego de descontar deudas) y el 10% de los pagos por obra pública o cofinanciamiento por asociación público-privada. Con estos montos retenidos, se generará un fideicomiso para garantizar el cobro de la reparación civil para el Estado cuando finalicen los procesos judiciales.
Las ventas requerirán la aprobación de los ministerios de Justicia, Economía y el sector respectivo. Se han establecido plazos y seguimientos que evitarían caer en lentitud.
Además, se crea la figura de colaboración eficaz de empresa, que la obliga a revelar información a las autoridades a cargo de las investigaciones.
A las socias, asociadas o consorciadas, si hay asociación público-privada se les retiene el 50% del patrimonio o los dividendos; y si hay obra pública, el 10% del costo del contrato. Estas retenciones sirven para el fideicomiso que busca asegurar la reparación civil.
Se les incluye un programa de ‘compliance’, es decir, de buenas prácticas para prevenir la corrupción, que implican mayor transparencia.
Para las empresas bajo investigación será voluntario someterse al régimen que les ofrece esta norma. Consiste en la retención de dividendos para asociaciones público-privadas y el 10% del costo del contrato para obras públicas, que irá al fideicomiso. Se les suspenderá las medidas cautelares y se les permitirá seguir contratando con el Estado.
Incentivos
El Gobierno estima que los incentivos que establece esta norma para las compañías investigadas harán que gran parte de las firmas del llamado Club de la Construcción se sumen.
“Son 30 empresas dentro del Club de la Construcción. Todo indica que por los incentivos y los efectos que genera estar dentro del grupo 3 deberían entrar y acogerse la mayoría. Es una solución de mercado. Si no se acogen, los bancos no les van a prestar”, comentó un alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.
Con el esquema que establece esta norma, se logrará que, a diferencia de la mayoría de casos, el Estado cobre las reparaciones civiles que se fijen. “La reparación civil suele ser un saludo a la bandera, pues no se paga en la mayoría de casos, y que ahora esta norma la garantiza”, dijo.
Avanzarían proyectos por 30 mil millones
– El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que con este reglamento de la Ley 30737 se podrán concluir 252 proyectos valorizados en aproximadamente 30.000 millones de soles, en diversas regiones del país. “Además, se está brindando predictibilidad al mercado y al sector contribución, que es fundamental para la reconstrucción del norte y la inversión minera”, dijo.
– Se considera que el efecto será inmediato y mayor hacia el segundo semestre. “El impacto será bastante rápido, pero no hay una bola de cristal para saber si hoy les están dando préstamos o garantías a las empresas, pero hay casos en los que ya venían siendo consideradas o contactadas para grandes proyectos de inversión, como los mineros”, anotó.
Fuente La República
