Contra todo pronóstico, en enero de 2019, Willy Serrato Puse juró como alcalde de la Municipalidad Distrital de Olmos, su segundo período edil. Desde aquella fecha el cuestionado político habría constituido una organización criminal en la que resalta una cúpula principal integrada por cinco funcionarios ediles destinada a cometer delitos contra la administración pública.
Las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz n.º 003-2019 y las conversaciones telefónicas entre los imputados desarticularon una vez más una red de corrupción en la región Lambayeque.
El requerimiento de la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, con el que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó la detención preliminar de diez días contra 20 personas, es preciso al detallar los roles que cumplieron los investigados.
Procesos en la mira
Según los hechos imputados por el Ministerio Público, Willy Serrato lideró la red criminal “Los Faenones de Olmos”, cuyos miembros principales son: José Luis Farfán Maza (gerente municipal), Jaime Cotrina Saavedra (subgerente de Desarrollo Urbano y Rural), José Misael Távara Albán (subgerente de Logística), Henry Maco Vilcherrez (cotizador) y Darwing Soplapuco Sánchez (asistente de obras).
Los imputados, refiere la Fiscalía Anticorrupción, dentro de su esfera funcional se dividieron funciones específicas para agilizar la tramitación de las adquisiciones de bienes y servicios al margen de la ley con la finalidad de concretar y direccionar dichas adquisiciones.
El modus operandi de la organización criminal fue la emisión irregular de requerimientos (área usuaria), los que fueron tramitados por la administración municipal para obtener órdenes de compra. Es por eso que se habrían valido de proformas falsas para seleccionar a los proveedores vinculados directa o indirectamente con Willy Serrato, a quien la Fiscalía le imputa el delito de organización criminal.
También se menciona que los cobros se realizaron a través de terceras personas para evitar la identificación de los principales involucrados; mientras la Gerencia de Desarrollo Urbano otorgaba la conformidad a las adquisiciones previa concertación para el servicio.
En el documento fiscal se precisa que para hacer efectivo los pagos se regularizaba el expedientillo de contratación y se simulaba cotizaciones con el objetivo de elegir supuestamente la proforma o cotización más beneficiosa para el ayuntamiento. En ese sentido, la Fiscalía subraya que dichas conductas fueron reiterativas en los diferentes procesos desarrollados por la municipalidad en este año, lo que habría ocasionado un perjuicio de un millón y medio de soles. Incluso remarca que a la fecha continuarían tales hechos.
Pagos irregulares
De la revisión de la documentación se advierte que junto a los comprobantes de pago están los requerimientos para la adquisición de bienes y servicios efectuados por el área usuaria y canalizados por la gerencia municipal, que dispuso que la Subgerencia de Logística realice la contratación; además cotizaba y seleccionaba al proveedor para después emitir la orden de servicio o compra. Tal es así que previa conformidad se procedía al pago por el área de Tesorería.
A la vez se verificó inconsistencias en las fechas de emisión de los requerimientos de bienes y servicios, el cuadro comparativo de precios, las proformas, cotizaciones y contratos. La Fiscalía infiere que se simularon adquisiciones, pues los cuadros de cotizaciones tienen fecha posterior a las proformas y contratos.
El cabecilla
Para la Fiscalía Anticorrupción, Willy Serrato dirigía y ordenaba las contrataciones que en la mayoría de los casos se originaba en la ejecución de obras por administración directa, por lo que se requería la prestación de bienes y servicios, y para tal fin las personas a cargo de las oficinas administrativas presuntamente regularizaron la contratación de personas vinculadas a la exautoridad municipal.
Las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz pusieron en jaque a Serrato, ya sentenciado por otro caso penal.
Fuente La República
