La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, afirmó hoy que los 27 decretos legislativos aprobados por su sector en el marco de las facultades delegadas al Ejecutivo, inciden en la prevención, persecución y sanción de la corrupción y resocialización de ciudadanos que delinquen.

Aseguró que en materia de lucha contra la corrupción, el objetivo es perseguir y sancionar a quienes incurran en este delito, en los sectores estatal y privado.

“Estamos favoreciendo la cultura de denuncia de la corrupción y hemos dado el marco legal para proteger al denunciante de estos hechos”, señaló.

Sostuvo que ahora existe un marco de prevención de corrupción en el ámbito de contrataciones del Estado, y en la contratación de funcionarios públicos para evitar que quienes están sentenciados por corrupción permanezcan en sus puestos.

Así, la gradualidad de sanciones puede llevar a la inhabilitación o muerte civil permanente. En el caso de empresas con prácticas corruptas, hasta la suspensión y cierre, para cautelar los intereses y el patrimonio del Estado.

En el eje de prevención, se legisló la Autoridad Nacional de Transparencia, la simplificación administrativa y la regulación de gestión de intereses, para evitar las coimas.

Perseguir el delito

Respecto al eje de persecución y sanción, la ministra comentó que las iniciativas legislativas han otorgado instrumentos al Ministerio Público para investigar y lograr que los responsables del delito en todo nivel vayan presos.

En el mismo objetivo, se creó un registro para sancionar a los malos abogados que dilatan los procesos judiciales y abusan del ejercicio del derecho.

Finalmente, en el eje de resocialización se ha normado el funcionamiento de cárceles productivas, y declarado en emergencia por 24 meses el sistema nacional penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Quienes ejerzan la dirección de los penales, ahora tendrán que pasar por el polígrafo para garantizar su idoneidad.

A estas medidas se suman los decretos legislativos para crear la Procuraduría General del Estado con autonomía a los procuradores del Estado, oficializar el uso de grilletes electrónicos para descongestionar los penales, y las modificaciones al Código Penal para mejorar y fortalecer la tipificación en delitos vinculados a feminicidio y violencia intrafamiliar.

Para Pérez Tello,  el total de 112 dispositivos aprobados por el gobierno buscan corregir las debilidades institucionales y legales del sistema.

En ese sentido, dijo estar convencida de que el Congreso de la República no objetará su carácter constitucional.

Fuente Andina