¿Qué hacer para erradicar la corrupción? Hay quienes creen que esta está inscrita en nuestro ADN social y no se puede acabar con ella. Otros proponen reformar instituciones que parecen irreformables, como el Poder Judicial. Otros creen que las reformas en el aparato del Estado, los cambios en las leyes y en la Constitución y el reforzamiento de la educación ética son el camino. Sin duda son medidas imprescindibles, pero dejan bastante fuera.
Cuando se comparan las acciones judiciales que se están llevando adelante en Brasil con el Perú hay diferencias muy llamativas. En Brasil los más importantes investigados y sancionados son empresarios, como lo son, para comenzar, las cabezas de los imperios Odebrecht, OAS, Correa y Camargo, y otros, que están enjuiciados y en prisión, junto con esa constelación de 70 ejecutivos que se han acogido a la delación premiada y otros tantos más que hoy encaran posibles penas de carcelería. También están en la mira políticos, especialmente de la tienda del Partido de los Trabajadores, que fue gobierno durante el periodo investigado, pero su peso en el escándalo es bastante menor que el de los empresarios que son hoy reos de la justicia.
En el Perú, en cambio, no hay ni un –subrayo, ni uno– empresario que haya sido no digamos condenado por corrupción sino ni siquiera involucrado en una investigación que pudiera sugerir que este grupo social tiene algo que ver con el Apocalipsis ético que está viviendo el país. Aparentemente los empresarios peruanos, socios de las empresas brasileñas, disfrutaron las utilidades extraordinarias creadas por las adendas y la escandalosa multiplicación del precio de las obras públicas, pero no estaban enterados de las coimas que hacían que la plata lloviera del cielo.
Debe hacerse justicia, caiga quien caiga. Limitarse a los políticos dejando fuera a las empresas corruptas es hacer cambios superficiales para que no cambie nada. El viejo sistema de partidos está en extinción; véase lo sucedido con el Apra. Sin partidos, los presidentes, parlamentarios y el resto de la corte política son simples agentes del poder empresarial, fácilmente reemplazables cuando se queman.
Los empresarios en el Perú tienen un gran poder, que los constituye casi en una casta. Por eso Lelio Balarezo, el vicepresidente de Confiep, condenado a prisión por evasión de impuestos, es seguramente el prófugo menos buscado del país. Y esto viene de atrás. La corrupción fujimorista arrasó con todos los estratos del poder de la sociedad peruana excepto el empresariado, pese a los vladivideos condenatorios de grandes empresarios y su complicidad hasta aportando el avión para que Vladimiro Montesinos fugara del país. En cierto momento histórico los empresarios se convirtieron en la principal fuerza política del país.
Las reformas de la revolución velasquista sacaron a los partidos de la escena política al dejarlos sin sus banderas de cambio. El vacío que ellos dejaron fue llenado entonces por los gremios, tanto de trabajadores, cuanto de empresarios, y la lucha gremial se convirtió en el escenario de la lucha política. Esto ayuda a comprender por qué la izquierda fue poderosa gracias a los sindicatos y entró en crisis cuando estos declinaron. Pero también en la derecha los partidos fueron reemplazados por los gremios empresariales que entonces se articularon. (¿Alguien recuerda que el PPC era conocido como “el partido de los gerentes”?).
Así, gremios como la SIN, ADEX y la CONFIEP (fundadas en 1984) concentraron un gran poder, que fue reforzado con el control de los medios de comunicación, como sucede con Graña y Montero, que a través del grupo editorial El Comercio controla más del 80% de la prensa escrita y los dos más importantes canales de televisión, abierta y cerrada, lo que le permite imponer su agenda y decidir qué existe y qué no existe en el país, según sus intereses.
Los gremios empresariales han mantenido así durante estas últimas cuatro décadas una continuidad institucional, mientras los partidos se quebraban. En adelante estos no “representan” más a los empresarios, sino son poco más que cascarones institucionales que pueden proveerles de operadores políticos descartables, como estamos viendo. Creció el poder de los lobbies, la tecnocracia se convirtió en la justificadora de este orden de cosas y se implantó la puerta giratoria: funcionarios de empresas que se convierten en ministros y luego regresan a sus empresas para disfrutar de sus recompensas.
Ahí donde se concentran el poder económico, político y simbólico la democracia se pervierte y los contrapesos institucionales dejan de funcionar. La corrupción seguirá gozando de buena salud mientras esto no cambie.
Fuente La República
