¿Se hubiera podido combatir la corrupción y la criminalidad de la década de Fujimori y Montesinos, manteniendo intactas las instituciones policiales, fiscales y judiciales que formaron parte de la estructura autocrática de entonces?

Claro que no. Pero esta no es una respuesta suficiente.

El gobierno de transición de Valentín Paniagua, con un claro ejercicio de la presidencia como Jefatura del Estado (así en mayúsculas) tuvo la voluntad política de remover las cúpulas de esas instituciones, y algo más: creó las condiciones para reformarlas, reduciendo drásticamente el grado de impunidad que ellas favorecían desde el interior de sus respectivos tejidos burocráticos.

Lamentablemente muchas de las iniciativas reformistas de ese gobierno de transición quedaron truncas. Y recién ahora, pasados 15 años se nos ocurre recordarlas y refrescarlas, cuando la corrupción y la criminalidad amenazan nuevamente al Estado y cuando caemos en cuenta, como idiotas vueltos a la lucidez, de que no podremos combatirlas con éxito sin la voluntad política y jurídica de acabar con la impunidad.

Y aquí viene la otra pregunta: ¿Queremos realmente acabar con la impunidad, como la única manera de combatir, sin falsas posturas, la corrupción y la criminalidad en el Estado?

Nos referimos indudablemente a la impunidad como las leyes que no funcionan o no se cumplen; como las atribuciones de procuradores que se confunden con las de fiscales; como los magistrados probos y eficientes sobrepasados por otros venales e incompetentes; como los jueces y fiscales superiores y supremos nombrados sin escrutinio público; como la tierra de nadie fiscal y judicial, en la que los procesados pueden mentir y manipular sus casos y hasta comprar testigos; y como la artimaña de aquellos que invocan la presunción de inocencia y son los primeros en evadir la justicia.

Dos novedades de fondo calzaron entre sí en las últimas semanas. Una, el libro “El juicio del siglo. El Caso Fujimori”, del ex fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales. Otra, la propuesta del Gobierno de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano constitucional que evalúa, nombra y sanciona a jueces y fiscales, y que viene de la noche de los tiempos de Fujimori.

El libro de Peláez Bardales es el testimonio jurídico por excelencia de quien fue el fiscal acusador de Fujimori. Es, también, el mejor relato que se ha escrito hasta hoy de cómo el ex presidente sale del Japón, en su intento de retornar al poder; de cómo es detenido en Santiago, a pedido de Toledo ante la Bachelet; de cómo vive, paso a paso, su extradición; y de cómo, finalmente, termina procesado y sentenciado por la justicia peruana. Pero fundamentalmente el libro es, desde el entretejido de sus páginas, el más elaborado y valiente alegato contra la impunidad incrustada en el Estado y al servicio, por supuesto, de mafiosos y corruptos.

La propuesta de reforma del CNM quedará minusválida si no rescata del Congreso el más completo proyecto de cambios en la fiscalía y el Poder Judicial, rubricado por el Ceriajus.

Sería realmente insólito que Marisol Pérez Tello o Luis Galarreta no puedan encontrarlo.

Fuente El Comercio