El presidente de la organización Transparencia Internacional (TI), José Ugaz, participa en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP) hoy, lunes 19 de enero de 2015, en Lima (Perú). El 75 por ciento de los casos de corrupción a nivel internacional se produce a través de empresas “offshore”, registradas en paraísos fiscales, según destacó hoy el presidente de la organización Transparencia Internacional (TI), José Ugaz, a partir de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). EFE/Ernesto Arias

Desde hace años que el ente de control no detecta ningún acto de corrupción, que es su función, dice.

Los problemas de desempeño funcional demostrados por la Contraloría General de la República (CGR), que le han impedido detectar a tiempo muchos casos de corrupción, entre ellos los sobornos de Odebrecht para ganar obras públicas, conllevan a la necesidad de refundar ese organismo de control. Así lo sostuvo el ex procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos y actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz Sánchez-Moreno, en entrevista exclusiva con EXPRESO.

-¿Cómo es posible que los órganos de control del Perú no hayan podido detectar a tiempo los grandes negociados que se daban en torno a las grandes obras públicas?

Eso da cuenta, en primer lugar, que las instituciones de control han fallado. La situación de la corrupción debería llevarnos a pensar qué tipo de institución tenemos. Yo creo que se debe reestructurar o refundar la Contraloría General de la República porque ha demostrado que llega tarde, no cumple con su función y cuando se señala la existencia de irregularidades, estas terminan por ser archivadas porque la investigación no estuvo bien estructurada.

Entonces hay un problema de desempeño funcional de la Contraloría que exige un cambio radical, y eso debería ser una prioridad en la agenda nacional.

-¿Las denuncias contra el contralor Édgar Alarcón abonan más en su tesis de reestructurar la Contraloría?

No, lo del contralor es sólo un elemento más. El problema es que históricamente la Contraloría General de la República, como tal, no ha cumplido el rol que se le ha encargado. Han pasado muchos contralores y a todos se les ha hecho la misma crítica. Además, la Contraloría nunca ha descubierto un gran caso de corrupción, todo lo descubre la prensa o sale por denuncias privadas y no por un trabajo articulado de control. Yo creo que refundar la Contraloría es una necesidad impostergable de la agenda nacional.

-¿Debe ser reemplazada por otra institución?

Lo que se tiene que hacer ahora es abrir un proceso de evaluación de cómo ha evolucionado la corrupción en el país para establecer qué tipo de institución necesitamos. Por ejemplo, esta fórmula de control por la cual las Oficinas de Control Interno (OCI) son pagadas por los mismos organismos que están siendo auditados, es un procedimiento pernicioso que ha venido generando una serie de problemas y disfuncionalidades.

-¿Qué hacer entonces?

Pienso que se debe crear una comisión o un grupo de trabajo que se dedique a analizar la situación y reflexionar sobre ella. Creo que tiene que ser algo altamente técnico y, por supuesto, hay que buscar cooperación internacional.

-¿Las denuncias contra Alarcón fortalecen el descrédito de la Contraloría?

El contralor tiene imputaciones muy serias que resolver. Primero por presionar a un funcionario subalterno para que retire un informe donde él estaba implicado, luego por beneficiar a una trabajadora con la que tenía una relación personal, después por realizar una serie de negocios que están prohibidos por ley; todo eso tiene que ser materia de una investigación profunda.

-¿Se debe ir?

Vamos a ver si la comisión que se ha creado para investigarlo, más allá de los intereses políticos, piensa en el país. Si eso es así, la única salida posible es la destitución [del contralor], no hay otra vía con una responsabilidad tan grande.

-En términos generales, ¿qué otra cosa se puede hacer para frenar esta gran ola de corrupción?

Hay iniciativas buenas pero esto tiene que integrarse al Plan Nacional Anticorrupción, y se tiene que implementar una política de mediano y largo plazo que sea comprensiva en todos los aspectos. Esto involucra a la ciudadanía, porque todos tenemos que tomar conciencia de lo que está causando la corrupción, de la responsabilidad y de nuestra obligación al momento de fiscalizar cuando encontramos que se están tomando decisiones corruptas.

-¿La corrupción nos está ganando la pelea?

Como en muchos otros países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, la corrupción es estructural, por lo tanto para poder resolver esta problemática se requieren reformas estructurales. Acá hay que trabajar un plan nacional anticorrupción, buscar políticas predictivas en el ámbito de educación, administración pública desde los estamentos de toma de decisión del gobierno, dar acceso a la información. Por supuesto también se requiere de un proceso de administración de justicia y de acción fiscal que sea fuerte y sólido. Entonces, todo esto necesita de un esfuerzo mucho más grande que adoptar una u otra medida aislada.

-Hubo un esfuerzo importante en el gobierno de Valentín Paniagua, ¿no es así?

El gobierno de transición de Paniagua creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción que hizo un diagnóstico de la situación y proponía soluciones, era algo parecido a la comisión de integridad nacional que creó este gobierno. Pero cuando se entregó este informe simplemente se archivó. Allí había una oportunidad perdida y el resultado es la presencia de gobernadores regionales y más de un 80 % de los alcaldes a escala nacional investigados por actos de corrupción. Esto nos demuestra que estamos ante un problema sistémico.

-¿La descentralización falló?

Esto no es culpa de la descentralización. Yo creo que como decisión política era necesaria pero se aplicó parcialmente. Se desconcentró el poder y los recursos pero no así el control, por eso es que hay autoridades que se dedicaron a saquear lo que les fue asignado para educación, salud y otras necesidades de su región.

-Por otro lado, ¿está bien que el informe entregado por las autoridades brasileñas sobre las coimas de Odebrecht se mantenga en reserva?

Como es información que va a ser materia de investigación no se debe hacer público porque de lo contrario se perjudica la estrategia de la investigación. Creo que es una medida acertada que la información se mantenga en reserva para que las investigaciones puedan avanzar sin tropiezos.

-¿Diría que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene la voluntad de frenar la corrupción?

El Gobierno ha tenido muchas expresiones respecto a generar una agenda de honestidad; pero hemos visto que ha incurrido en graves defectos. Primero con la designación de un asesor personal del Presidente que terminó siendo un traficante de la salud [caso ‘negociazo’ de Carlos Moreno]. Luego nos parece que no ha tenido la fortaleza que se debió observar al momento de designar a la Autoridad Nacional de Transparencia; y se ha creado una institución que no tiene todas las facultades que se requieren para que el acceso a la información sea realmente una realidad.

-¿A qué se debe esto?

Percibimos que hay sectores del Gobierno que sí están interesados en la transparencia, pero nos parece que desde el más alto nivel falta una actitud más sostenida y coherente en esta materia.

CASO TOLEDO

-¿Por qué se afirma que el tema de la extradición del expresidente Alejandro Toledo va a demorar?

La extradición es un proceso regulado y tiene plazos para poder cumplir con la entrega de la persona requerida. En este caso el Perú ha cumplido con enviar la información y la solicitud formal para que se proceda a la captura y entrega de Toledo en los Estados Unidos.

Eso tiene que seguir un procedimiento, no es como en otros países donde primero se captura y luego se extradita. En Estados Unidos antes de la detención debe judicializarse la solicitud. Y Toledo, por supuesto, tiene derecho a nombrar a un abogado y defenderse. Y luego se tiene que seguir todas las etapas, es decir, tendrá que pasar primero por una decisión judicial, luego ir a la corte del Estado y recién allí se va a determinar si esta procede o no.

-¿Cuánto dura un proceso de extradición?

No hay un plazo exacto. Pero en casos de extradiciones anteriores como el de Manuel Aybar Malca [operador de Vladimiro Montesinos] y Carlos Manrique Carreño [directivo de CLAE], que fueron traídos de Estados Unidos, el proceso demoró años.

-¿Qué opinión le merece que en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia aún no se haya dictado la prisión preventiva pese a la existencia de indicios que los vincularían a temas de corrupción?

No conozco realmente el contenido completo de las investigaciones, solo las publicaciones de prensa; pero también considero que no es una decisión discrecional si se justifica o no una medida cautelar. Entiendo que parte de las investigaciones giran en torno al origen de los fondos que recibieron. Considero que el hecho de recibir dinero para una campaña política es un hecho que debe ser investigado por encima de si esos fondos tienen un origen legal. Entonces, que lo que está haciendo la Fiscalía es tratar de acreditar de dónde vino ese dinero.

Fuente Diario Expreso