Amalia Moreno es la directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) desde noviembre del año pasado y fue la encargada de suscribir el convenio gobierno a gobierno con Graham Stuart, ministro para exportaciones del Reino Unido, para ejecutar más de 110 obras en 13 regiones afectadas por el Fenómeno de El Niño (FEN) costero del 2017.
En esta entrevista que da luego de haber firmado este contrato, Moreno precisó que los S/7.000 millones asignados para este proyecto es solo el presupuesto inicial y que luego de los estudios respectivos recién se conocerá el monto definitivo. Sin embargo, desde la ARCC ya tienen el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas para aumentar los recursos. La funcionaria también descartó que cambiar el marco normativo peruano sea la panacea para los problemas de ejecución de obras, sino que estos apuntan a la brecha de conocimientos.
¿Cuál fue la situación de la Reconstrucción Con Cambios que encontró cuando tomó las riendas?
Cuando asumimos este gran reto advertimos que más allá de la lenta ejecución que se venía haciendo, lo que más preocupaba era cómo revertirla. Vimos un gran problema. Los procedimientos internos son bastante, digamos, había mucha tramitología que impedía que se pueda autorizar el financiamiento en tiempos rápidos a los diferentes gobiernos para ejecutar los proyectos. Aplicamos una reingeniería sobre esto. A la fecha hemos transferido los fondos en casi el 100%. Pero no debe entenderse que el financiamiento es algo simple como presionar un botón, transferir el dinero y ya está. Para ello, las autoridades deben presentar sus expedientes técnicos, estudios de pre inversión, nosotros revisamos la coherencia y de acuerdo con ello se financian los proyectos. Tenemos poco más de S/7.000 millones en las 13 regiones afectadas por el FEN que ya están esperando ser ejecutadas.
Las buenas prácticas dicen que el financiamiento tiene que darse en el primer trimestre para que los meses restantes se avoquen a la ejecución. Pese a los pocos meses de gestión que tenemos, la ARCC pudo lograrlo. Durante la pandemia hemos transferido casi S/1.000 millones. Sin embargo, hay temas por mejorar. Encontramos mucho desorden y hemos querido mejorar este canal de comunicación con las autoridades, sobre todo, con gobierno subnacionales. Lo hemos hecho de tal manera que la institución se ha reestructurado.
¿En qué momento surge la idea de aplicar un esquema nuevo?
Ahí iba. Esto no podía ser suficiente porque, si bien las transferencias se hacían, la ejecución seguía siendo un reto. Advertimos que no podíamos seguir trabajando en una RCC sin mirar las obras de prevención. Esto se traduce en ejecutar obras emblemáticas e históricas ¿Por qué las llamo así? Porque en la historia del Perú no se ha tomado la decisión de hacer un diseño integral de todos los ríos, quebradas, fluviales de manera integral y que realmente podrían frenar los daños de naturaleza, a propósito del cambio climático. Entonces, si tenemos este reto, tenemos que tocarles la puerta a países que conozcan estas soluciones de proyectos multipropósitos. Tenemos que ver varias aristas y por eso hemos considerado, bajo esta brecha que nosotros tenemos en infraestructura, tocar la puerta en estos países.
¿Cuándo se concibe la idea?
Empezamos el 6 de diciembre del 2019. Inmediatamente, diseñamos una estrategia y convocamos a los países. Los criterios para seleccionar a los 12 invitados fue que estén dentro del listado de los países con mayor nivel de transparencia e integridad del mundo. Sobre ello evaluamos en conocimiento de la materia que requerimos: tratamientos de grandes masas de agua, hospitales y educación. ¿Por qué incluimos el convenio gobierno a gobierno? Porque la Reconstrucción también tiene brechas importantes en necesidades básicas. En este convenio, además, incorporamos aprendizaje de las buenas prácticas internacionales.
¿Qué otro aspecto resalta de este convenio?
Todos los grupos de interés quieren saber si estos S/7.000 millones será un presupuesto suficiente para enfrentar este proyecto. La respuesta es no porque es como un presupuesto inicial. Vamos a empezar recién haciendo los estudios. El río Rímac, por ejemplo, no tiene ningún estudio básico. Recién cuando los tengamos vamos a tener un monto definitivo de lo que le va a costar estas soluciones integrales. Tenemos el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas para que, de manera sustentada, les solicitemos un mayor financiamiento cuando tengamos estos estudios culminados y se tenga una base sólida para saber cuánto realmente costará este proyecto.
Un segundo punto es que este convenio no lo va a realizar solo la ARCC y que los colegios profesionales, la academia y la ciudadanía estarán de observadores. Lo contrario, de por sí, el Reino Unido los tendrá como aliado estratégicos.
¿Cuál será su participación a detalle?
No solo participarán los colegios de Lima, sino también los regionales porque tienen bastante experiencia. Su participación constará de ayudar a soluciones dentro de este trabajo con el Reino Unido.
Lo segundo es que la ciudadanía no participará solo de forma pasiva, recibiendo información, sino que también serán agentes supervisores sobre cómo va el proyecto y para ello se implementarán plataformas virtuales de participación ciudadana, pero también presencial para que sean vigilantes.
¿Cuáles serán las facultades de la Controlaría en el marco de este convenio que tiene un marco normativo propio?
En los Juegos Panamericanos, donde se tuvo también un convenio de gobierno a gobierno y yo tuve el rol de secretaria ejecutiva, le hemos dado información absolutamente de todo. Públicamente, sabemos que la Contraloría en algún momento puso de ejemplo el comportamiento de los Panamericanos por la información y por cómo hemos cumplido con dar la información. En esta RCC también hemos enviado absolutamente toda. Nos dijeron que en términos de la distancia entreguemos el informe ni bien se tenga al ganador y nosotros hemos cumplido. Todo lo que nos han solicitado hemos cumplido.
¿Y ahora ya firmado el convenio gobierno a gobierno?
La Contraloría tiene acceso irrestricto a todo el proceso, no solo al contrato de gobierno a gobierno, sino a toda la ejecución para que pueda fiscalizar lo que se crea conveniente. No hay ningún tipo de cláusula que le impida conocer los criterios de evaluación. Lo que pasa es que en algunos criterios son bastante técnicos y es bien complicado, digamos, entender la sustentación, pero está allí. No hemos dejado de darla. Hay una cláusula que así lo asegura dentro del contrato, pero no solamente la cláusula, sino que aseguramos categóricamente que la Contraloría tiene ese acceso irrestricto.
Sobre los S/7.000 millones como presupuesto inicial que mencionó. ¿Por qué se incrementaría?
Este monto es el compromiso que ya se tiene por la decisión que ha tomado el presidente Vizcarra, [es decir], es el monto que tenemos asegurado para ejecutar en los dos años, pero cuando tengamos aterrizado los estudios nos tocará solicitar más al MEF. Los megaproyectos como por ejemplo un drenaje fluvial no se termina en dos años, probablemente, sean cuatro años y ciertamente ese presupuesto va a tener que ser obviamente financiado por el gobierno peruano de manera responsable una vez que tengamos los costos de estos proyectos.
Pasando a otro tema. Cuando ingresó a la ARCC señaló que se priorizó el financiamiento a los gobiernos, pero es sabido la dificultad para ejecutar los recursos. En ese sentido, ¿considera que la decisión de aplicar este convenio llega tarde alrededor de tres años? Porque se habla de obras planteadas en el 2017 y que recién a mediados del 2020 se oficializa su ejecución.
Ciertamente, tenemos que reconocer que las autoridades de los tres niveles de gobiernos no han tenido el nivel de ejecución que se hubiese querido para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Pero también debemos entender que, por ejemplo, en el caso de las soluciones integrales, ni siquiera hace tres años se había conseguido lo que señalo. Ha venido con el tiempo analizándose, revisándose y de alguna manera tampoco puedo señalar que en los tres años no hicieron nada porque también trabajaron. Ese plan ha permitido fijar una hoja de ruta hoy y ponernos a trabajar rápidamente. Nos hemos demorado lo que nos hemos demorado, pero creo que estamos yendo por la línea correcta en trabajo coordinado con las autoridades. Y yo resalto el trabajo comprometido que tienen los gobiernos locales porque en el caso de la Reconstrucción son los que encabezan el nivel de ejecución.
De otro lado. Esta es la segunda vez que se apunta a optimizar la ejecución de obras, mediante los convenios gobierno a gobierno, que tiene su propio marco normativo. ¿Acaso el mensaje, además de que se mejoran los procesos, es que se debe modificar las normativas peruanas? Porque, si bien este esquema funcionó con los Panamericanos y se apunta que sea igual ahora, no son baratos. Este tiene un costo de casi S/450 millones.
Esta reflexión siempre se ha dado y ha surgido la pregunta de que si funciona el marco normativo o las políticas que aplicó el Reino Unido, por qué no adecuar nuestras políticas para que de acuerdo a ellas se hagan las obras. Pero, ciertamente, nuestro problema no son sólo las normas, sino también la brecha de conocimientos en gestión. A partir de la experiencia de los Panamericanos se emitió un decreto de urgencia con una regulación semejante a la que se utilizó, es decir, que se tenga una oficina de gestión del programa, que se haga una junta para cambios de decisiones. Ya tenemos la regulación, ¿y acaso vemos que los proyectos empiezan a surgir? No porque la brecha está todavía en la que tenemos nosotros como funcionarios
¿Se refiere a la experiencia de los funcionarios?
Sí. Esa experiencia en gestión, en tomar decisiones. Nosotros somos una sociedad bastante formalista, para mi gusto, demasiado. Porque nos encanta la regulación, escribir normas a detalles, hacemos una telaraña que luego no sabemos cómo resolver. [Soy consciente] en el sentido que no podemos depender de otros países para que continuamente puedan hacerse grandes proyectos en el Perú. Creo que justamente con este convenio la transferencia de conocimientos es uno de los hitos importantes.
Un segundo tema es que no se puede pensar que uno escribe la norma y al día siguiente todos estamos preparados para poder ejecutarlo. Tenemos que pasar por un proceso de formación, no de capacitación porque de eso ya estamos cansados, de recopilar papelitos y cartoncitos por doquier, sino de formación, para que estén seguros de tomar decisiones y estén preparados y fortalecidos para la rendición de cuentas. Se deben sentir respetuosos de la Contraloría, no temerle. Por eso es que no debemos enfocarnos en la parte normativa. El gran cambio vendrá cuando nuestros funcionarios se sientan con la valentía y fortaleza de emprender nuevos proyectos. Yo apuesto, principalmente, a que esta transferencia de conocimiento se haga a la gente joven. El conocimiento es el gran pasivo que tiene el país.
Ya con la firma de este convenio, ¿cuál es el mensaje para las personas que se afectaron directamente y que desde el 2017 están esperando estas obras?
La ARR ha hecho una negociación de gobierno a gobierno para poder traer la mejor tecnología al servicio de los ciudadanos de las 13 regiones afectadas por el FEN. No solo tecnología, sino también innovación, buenas prácticas internacionales, que permitirán la realización de estas obras que son una deuda pendiente. No queremos el proyecto perfecto, porque no existe, pero sí podemos decirles desde nuestro lado que se tendrá ese firme compromiso para trabajar con honestidad, con transparencia.
Fuente El Comercio
