Con un enfoque participativo y transversal, el sector Justicia aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-2021, destinado a coadyuvar a los esfuerzos para prevenir, detectar, investigar y sancionar estos delitos.
El objetivo es coadyuvar, desde el Poder Ejecutivo, a la estabilidad económica, política y social del país, remarca el Decreto Supremo Nº 003-2018-JUS.
“No cabe duda [de] que el cumplimiento de nuestras obligaciones para prevenir y combatir estos flagelo, sea como funcionarios, sujetos obligados o en nuestra condición de ciudadanos, impedirá que la delincuencia continúe utilizando el sistema formal para movilizar sus activos; pero ante todo contribuirá a crear una cultura de legalidad necesaria para fortalecer la estabilidad económica, política y social, afirmó el viceministro de Justicia, Juan Falconí Gálvez.
Responsabilidades
El mencionado plan asigna las responsabilidades en tres grandes grupos: prevención, detección e investigación, y de enjuiciamiento y represión.
Mientras que como objetivos estratégicos y específicos se establece la necesidad de potenciar la elaboración de evaluaciones sectoriales de riesgo en el tema, ya sea en el sistema financiero, los jueces de casinos y máquinas tragamonedas, microfinancieras, empresas de seguros, abogados y contadores, corredores de seguros y notarios.
Impulsar además una reforma legal ante el Congreso para que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS/AFP) fiscalice prudencialmente a las cooperativas de ahorro y crédito que no capten recursos del público.
Proponer e impulsar, de igual modo, la normativa para regular las actividades de compra y venta de divisas así como de préstamos, con la finalidad de fijar requisitos específicos para el inicio y la realización de estas actividades.
Aprobar, asimismo, la normativa que establezca la determinación y el monitoreo de los requisitos de idoneidad aplicables a los accionistas, directores, gerentes y principales funcionarios, organizadores de los sujetos obligados y supervisados integralmente por la SBS, entre otras acciones.
La criminalidad organizada
El documento advierte que ante el avance de las organizaciones criminales dedicadas a estos flagelos, cruzando fronteras de países y continentes, así como utilizando elevados niveles de sofisticación y tecnología, resulta fundamental la articulación de esfuerzos para prevenir y combatir dichos ilícitos.
De ahí la urgencia de la citada estrategia como instrumento de planificación de las acciones en el corto y mediano plazo contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Fuente El Peruano
