El megacaso de corrupción Lava Jato ha sido como un huaico que ha arrastrado a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos del país. En el país se ha creado el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que se hagan cargo de aquellos casos involucrados en delitos contra la administración pública. La jueza Susana Castañeda está al frente de ese grupo y espera que a los corruptos se les pruebe los delitos y sean sancionados drásticamente. Entre los casos que ven está el del hospital Antonio Lorena de Cusco, La Centralita, entre otros.

El caso Lava Jato ha demostrado que la corrupción arrastró a grandes y chicos por igual. ¿Es posible revertir la corrupción?

Creo que ha arrastrado especialmente a grandes empresarios y políticos. Esperemos que esto se resuelva conforme a las investigaciones que realiza el Ministerio Público, que muestre evidencias suficientes para llevar a cabo los procesos que correspondan.

Hay 23 mil 542 funcionarios y autoridades -actuales y anteriores- que están siendo juzgados. ¿Hubo antes una cifra de esa magnitud?

Cuando se crea el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios hicimos un estudio a nivel nacional del número de expedientes e imputados por corrupción de funcionarios. La Procuraduría Pública maneja 45 mil imputados, pensamos que era demasiado, pero cuando fuimos a todos los distritos judiciales se determinó que la cifra puede variar porque hay procesos en liquidación y procesos con el nuevo código penal. La cantidad de 23 mil 542 procesados y 5 mil 383 procesos son solamente del periodo 2014 (fecha en que se crean los juzgados anticorrupción) al 30 abril de 2017. Es evidente que 23 mil 542 es una cifra menor a la que realmente existe. Estoy por creer que la cifra que dio el procurador es la correcta: por lo menos 45 mil procesados.

Solo los casos más grandes, aquellos que implican montos millonarios en coimas, los ve el Sistema Nacional. ¿Cuántos son a nivel nacional?

Son muy pocos. El sistema ve casos vinculados de organizaciones criminales y aquellos casos que trasciendan a nivel nacional. Por ejemplo, el hospital Antonio Lorena del Cusco lo vemos nosotros aunque se haya cometido en Cusco, porque está vinculado a presuntos pagos (de coimas) de la empresa OAS. También el caso de La Centralita, Chavín de Huantar, entre otros.

La mayoría de casos de corrupción que involucran a expresidentes y líderes políticos han sido calificados como crimen organizado. ¿Cómo debe entenderse esa calificación?

Son aquellos que están en el marco de la criminalidad organizada, que es la ley 3077. Significa que es un grupo de personas que se han puesto de acuerdo para delinquir. Hay que recordar que en los casos de los partidos políticos muchos no han sido autoridades, entonces los procesos son por lavado de activos. Nosotros vemos los casos de corrupción política cuando hubo un funcionario involucrado en un delito previo de corrupción que genera lavado de activos.

Es aterrador enterarnos que los líderes políticos encabezaron organizaciones criminales…

Nunca pensamos que hubiera estado gestándose lo que ha pasado. Lo que digo es que no se entienda que estamos adelantando opinión, sino que como ciudadanos de a pie nos sentimos desconcertados cuando todos los días aparecen noticias de que todos habrían estado comprometidos en estos hechos de corrupción. Es terrible, ya no hay confianza.

¿Esa pérdida de confianza lleva a la inestabilidad?

Puede ser que determinados grupos quieran aprovechar esta situación, grupos que quieren volver a tomar el poder y que se aprovechan de este desconcierto. Creo que el Perú tiene que salir adelante, su población debe entender que esto es transitorio, que este es un caso que tiene que ser juzgado y sancionado y que volveremos a tener confianza. Esperamos que surjan políticos transparentes que hagan obras para beneficio de la población y que no piensen en llegar al poder para enriquecerse.

Los corruptos le roban al país y merecen una sanción severa, ha dicho el presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez.

Tiene que ser así. Los corruptos que le han robado al país tienen que estar donde deben estar en la medida que el Ministerio Público aporte las pruebas suficientes de que son responsables de los hechos.

¿Cómo afecta la corrupción al país y al ciudadano de a pie?

Hay más de 50 mil personas que se han quedado sin trabajo y no tienen sueldo, hay muchos subcontratistas que se han quedado sin pagos, hay cantidad de obras que se han quedado paralizadas. El problema económico es muy grave. Es terrible lo que está pasando en el país, sobre todo para el ciudadano común y corriente que no tiene servicios adecuados de colegios, hospitales, carreteras, porque lamentablemente mucho dinero se ha ido en diezmos.

¿Es la corrupción una amenaza a la democracia?

Por supuesto. Vemos cómo en las noticias de todos los días aparece que los partidos habrían sido favorecidos con dinero sucio. Tendrá que investigarse para que se sepa si eso es cierto o no, pero genera en los ciudadanos un temor fundado de que todo pueda ser verdadero. La mayoría de partidos, según el colaborador eficaz Jorge Barata, han estado involucrados en estos hechos, no hay partido político que se salve, ni la izquierda.

¿Qué casos ve el Sistema Nacional Especializado?

Estamos viendo el caso del Club de la Construcción. Es emblemático porque se han hecho obras por más de 10 mil millones de soles y, según el colaborador eficaz, se tenía que pagar el 2% por las obras.

El Club de la Construcción no solo operó en el MTC, también en los gobiernos regionales…

Nosotros estamos conociendo los casos en las regiones. Hemos ratificado la prisión preventiva para uno de los dueños de una empresa que operó en el sur.

¿Se superó el desencuentro entre el sistema especializado y la Sala Penal Nacional?

El problema se generó por tres expedientes que un juez y una sala dijeron que eran los competentes. Ese tema debe resolverlo la Corte Suprema. ¿Cuándo lo hará? No lo sabemos. Pero esos tres casos han generado un aparente conflicto y luego todos los casos de corrupción de funcionarios lo vemos nosotros.

¿El Sistema Nacional Especializado ve casos de corrupción y la Sala Penal Nacional de lavado de activos?

No solamente lavado de activos, sino todos los grandes casos de criminalidad organizada. Por ejemplo, el caso Peter Ferrari o el caso Oropeza. Nosotros solamente conocemos los casos de corrupción de funcionarios.

¿Los investigados en el caso Lava Jato no pueden cuestionar la competencia de la SPN como lo hizo Alejandro Toledo?

No creo. La defensa lo ha pedido, pero será la Corte Suprema la que determinará si lo sigue viendo la SPN o el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Considero que debe ser el Sistema Nacional Especializado.

Fuente La República

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