Es uno de los juicios emblemáticos que involucra al expresidente regional Juan Manuel Guillén Benavides y sus hombres de confianza. Sin embargo, el principal protagonista es Jorge Luis Aguilar Gallegos. Este, durante tres años, se desempeñó como gerente del Gobierno Regional de Arequipa GRA (2011-2014). Se le atribuye haber creado un sistema directo de contratación de bienes y servicios que puso en riesgo 38 millones 566.256 soles. En el Estado para comprar hay que lanzar un concurso y elegir la mejor propuesta económica y técnica.
Aguilar se olvidó de eso y contrató a dedo. Contrató sin importar leyes ni montos desembolsados. Bajo su propio sistema, celebró 73 contratos. El delito se ha tipificado como negociación incompatible. La demanda alcanza a Guillén y otros exfuncionarios de la gestión: Sarah Peña Dávila, Juan José Velille Torres y Rossana Morays Velásquez.
La República tuvo acceso a la acusación completa. La Fiscalía Anticorrupción pide contra Aguilar una condena de 5 años y 3 meses de cárcel.
Entre octubre del 2011 a noviembre del 2014, tiempo que Aguilar se desempeñó como gerente, la Ley de Contrataciones establecía como límite para las contrataciones directas tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es decir, si la adquisición sobrepasaba los once mil soles, se debía convocar a un concurso.
En su defensa, Aguilar señala que lo hizo para agilizar la gestión pública y hacerla eficiente. La fiscal Maribel Rodríguez sostiene que esa no es una justificación. Pudo convocar a procesos de licitación con tiempo de anticipación, explica.
MODUS OPERANDI
La Fiscalía acusa a Aguilar de diseñar e instaurar un sistema que luego se convertiría en una política de gestión.
Jorge Luis Aguilar no tuvo reparos en aceptar la acusación durante el juicio, iniciado el 25 de octubre pasado. Con esta actuación, olvidó el artículo 76 de la Constitución Política. Este establece que las obras y utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata o licitación pública, así como la adquisición de bienes. Sin embargo, para Aguilar, este artículo no habla de la obligatoriedad de llevar adelante una licitación.
No convocaba a procesos de selección para la compra de bienes o servicios. Eso evitaba que se analizaran mejores posibilidades ofrecidas por el mercado.
Prescindió del equipo de cotizadores del área de Logística y no requirió informes del área de Asesoría Jurídica, por lo que nunca hubo una evaluación legal de los contratos. Tampoco recurrió a los Comités Especiales. Eso favoreció a los proveedores, que no eran sometidos a evaluación.
La Fiscalía sostiene que en ese escenario, los 73 contratos eran de naturaleza inestable. Aguilar «sometía a los vaivenes del azar el presupuesto del Estado».
RIESGO DE RECURSOS
Suscribió contratos con 66 proveedores sin pedirles carta fianza. Así, no había garantía que estos cumplan con la prestación. Aguilar respondió que sus contratos «se sustentan en un principio básico que es el valor de la palabra dada».
La lista de cuestionamientos sigue. El exgerente de Guillén suscribió cinco adendas para ampliar plazos a las contratistas que nunca justificaron sus retrasos. Pudo darlos por concluidos, pero no lo hizo.
Para la fiscalía, es poco creíble que el exhombre fuerte de Guillén haya creado un sistema destinado a beneficiar al GRA. Todo lo contrario, eran beneficiados los elegidos a dedo.
En la acusación además se consigna las órdenes que dio el exgerente para el pago de 8 millones 177 mil 442 soles a la empresa Iguana Producciones para que ponga en valor la casa museo del premio nobel Mario Vargas Llosa. La Oficina Regional de Administración se oponía al desembolso.
Con memorándum Nro 617-2013, Aguilar exige: «los plazos fueron establecidos en los contratos de manera taxativa, por lo que no debe haber retrasos en la calendarización ni en la efectividad de los pagos al proveedor».
SOBRE GUILLÉN Y PEÑA
Para la Fiscalía, Guillén es cómplice de Aguilar cuando este puso en vigor el ilegal procedimiento. La declaración del exjefe de la Oficina de Logística y Patrimonio, Braulio Carpio Zúñiga, confirmaría ello. En los próximos días Carpio dará testimonio de que Guillén puso en marcha un plan piloto de la modalidad de compras de Aguilar.
Siendo responsable de dirigir y supervisar la marcha del GRA y sus órganos, debió evitar el resultado lesivo para el Estado.
En la acusación también figura Sarah Peña, exjefa del área de Coordinación de Proyectos Especiales Estratégicos. Habría intervenido en 36 contrataciones para el Puente Chilina.
Ella fijaba las especificaciones técnicas y los precios de contratación.
Fuente La República
