Todo queda en la impunidad. Al menos por la vía administrativa, cinco exfuncionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se salvaron de ser sancionados. La última semana, con firma del gerente general José Luis Rodríguez Silva, se emitieron las resoluciones 016-2018 y la 012-2018 que van en ese sentido.
En el primer documento, el GRA declara prescrita su potestad para iniciar procesos administrativos sancionadores por ejemplo a Sarah Peña Dávila, gerente regional de Infraestructura (enero de 2011 a enero de 2012) y subgerente de Formulación de Proyectos de Inversión, desde el 2009 hasta 2011.
Según un examen especial del Órgano Regional de Control Interno (ORCI), Peña aprobó un estudio de preinversión carente de sustento para el puente Chilina. Con esta información imprecisa se elaboró, evaluó y aprobó tres expedientes técnicos que no fueron utilizados en la obra, ocasionando un perjuicio económico al Estado de S/ 794 mil 159.
También estuvieron implicados, el exgerente general de la Región, Juan Manuel Carpio Sánchez, Magdalena Talavera Trelles y Luis Alberto Jara, quienes ocuparon la Jefatura de la Oficina de Programación de Inversiones.
El ORCI informó a la gobernadora regional Yamila Osorio sobre estos hechos hace un año, recomendando el inicio de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, el GRA considera que su facultad sancionadora ya prescribió en base al artículo 97 del reglamento general de la Ley del Servicio Civil.
Este determina que la “existencia de faltas disciplinarias e inicio de un procedimiento disciplinario prescribe a los 3 años calendario de cometida la falta”.
El GRA señala que como el plazo ya fue superado ampliamente (las faltas se cometieron entre 2011 y 2012), no pueden abrir proceso.
La resolución 012-2018 también libró de polvo y paja a Pedro Flores Melgar, exgerente regional de Educación (GREA), Roque Márquez Álvarez, exdirector de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Norte y Javier Pérez Anco, exjefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la GREA. En este caso, la Contraloría identificó que el 17 de mayo de 2013, Márquez emitió resoluciones directorales disponiendo bonificaciones a funcionarios en cargos directivos, incluido él.
De acuerdo a la investigación, Márquez no podía percibir este adicional puesto que no era un funcionario de carrera administrativa, sino de confianza. En total a Márquez se le desembolsó irregularmente un monto de S/ 9993,80. Pese a la irregularidad, el entonces gerente de Educación, Pedro Flores, reconoció tal pago y avalado por Asesoría Jurídica.
Este caso fue comunicado por el Órgano Instructor Sur de la Contraloría al GRA, el 8 de setiembre de 2017. También, en base al artículo 97 de la Ley del Servicio Civil, el GRA considera que su facultad de sancionar ya prescribió pues pasaron más de tres años.
SANCIÓN A RAMOS
Algunos funcionarios y exfuncionarios de la gestión de Yamila Osorio también tienen procesos administrativos abiertos. A César Ramos Zamora, quien se desempeñó como gerente regional de Infraestructura hasta diciembre del año pasado, se le abrió uno por ampliar el plazo de obra a la constructora de la institución educativa inicial Los Angelitos de Chivay en Caylloma. Un proyecto que se ejecutó por S/ 2 millones 633 mil soles. Ramos autorizó la prórroga fuera del tiempo permitido para hacerlo. No obstante, la Región propone como sanción: suspensión de un día sin goce de haber.
Otro funcionario inmerso en este caso es el gerente regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Edy Ñaca Bailon, y el supervisor de obra Edwar Flores Molina. Para ellos se propone una amonestación por escrito.
La obra fue entregada en diciembre de 2016, cuando por contrato debía culminar en mayo de ese mismo año.
En un primer momento, el consorcio Los Angelitos, que ejecutó la obra, pidió ampliación de plazo, que fue aceptada por la Región hasta agosto de 2016.
Sin embargo, la obra fue paralizada el 4 de agosto hasta el 24 de ese mes. En ese lapso ocurrió el terremoto que afectó Caylloma y la obra se retomó el 16 de setiembre.
El consorcio pide una nueva ampliación el 20 de setiembre por 44 días calendario, solicitud que es declarada procedente. Según informes legales, esta ampliación no debió aprobarse pues estaba fuera del plazo contractual que era el 12 de agosto. En estos casos, la Ley de Contrataciones del Estado establece que la solicitud se debe efectuar antes del vencimiento de la ejecución contractual y no después. Los funcionarios antes mencionados no advirtieron sobre este hecho y dieron las autorizaciones.
Fuente La República
