“Vivimos en modo pánico”, resume en una frase un empresario el estado de ánimo en el sector construcción: “Y seguiremos así hasta que termine la investigación. Tenemos para largo”, añadió, con resignación. Las autoridades anticorrupción atribuyen a la compañía del empresario –quien pidió no ser identificado– haber formado parte del “Club de la Construcción”.

“Persiguen a todos por igual, pero no todos somos iguales. Hay unos más iguales que otros”, señaló con ironía una empresaria de otra de las compañías involucradas en el caso que impacta en el mundo de la construcción, uno de los mayor crecimiento en los últimos 20 años: “Esta crisis nos golpea mucho más fuerte que a los demás porque el negocio de la construcción está compuesto por grupos familiares. Abuelos, padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos; alguno está investigado solo por trabajar en la empresa”.

El tema llegó a la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), uno de los gremios más importantes del país. El representante de la brasileña Odebrecht, Jorge Barata, en condición de colaborador con la justicia, fue el que informó a la Fiscalía Anticorrupción de la existencia del “Club de la Construcción”. Señaló a las empresas implicadas, a los propietarios o directivos involucrados, indicó las obras públicas que fueron adjudicadas a los conspiradores, describió el sistema de reparto de los millonarios proyectos de Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; pero además mencionó que Capeco también fue usada para sus actividades. ¿Cómo pudo saberlo? Barata fue miembro de Capeco, estuvo adentro en el tiempo en que funcionó el “Club de la Construcción”.

El arquitecto Enrique Espinosa Becerra, quien asumió la presidencia de Capeco en 2017, sintió la pegada: varios de los miembros de la directiva del gremio o las empresas que representaban se encontraban entre los investigados por el “Club de la Construcción”. La imagen y la reputación del gremio estaban de por medio.

El anterior presidente, Lelio Balarezo Young, estaba no habido desde que había sido condenado por defraudación tributaria. Así que el escándalo del “Club de la Construcción” demandó una acción rápida. Enrique Espinosa esperó que por iniciativa propia se retiraran los directivos salpicados. No lo hicieron. Así que amenazó con renunciar y dejar el barco a la deriva. Entonces seis presentaron la dimisión.

Espinosa no quiso ofrecer una entrevista a La República porque alegó que no quería ventilar más la situación del gremio.

Cuestión de reputación

Entre los que tuvieron que abandonar la directiva de Capeco se encuentra el vicepresidente de Cosapi, Fernando Valdez Torero. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Cosapi haber conseguido 8 obras públicas como parte del “Club de la Construcción”, en consorcio con las brasileñas Construtora OAS y Mota Engil y las peruanas Obrainsa y Johesa. La carretera Quilca-Matarani, obra que Cosapi ejecutó con OAS y Obrainsa por 553,2 millones, es una de las que las autoridades presumen hubo favoritismo. Bajo sospecha también está la rehabilitación de la carretera Imperial-Pampas que ejecutó Cosapi por su cuenta, por 218,7 millones de soles.

El monto de las obras adjudicadas a los conjurados del “Club de la Construcción” tienen por característica alcanzar cifras muy elevadas.

Otro directivo que debió abandonar Capeco es el director general de la empresa Construcción y Administración S.A. (Casa), Luis Carrasco Palomo. En consorcio con Obrainsa –cuyo representante, Elard Tejeda, se encuentra prófugo–, Hidalgo e Hidalgo y Alejandro Tello S.A., Casa obtuvo la adjudicación de rehabilitación de la carretera San Ignacio-Puente Integración por 217,1 millones de soles.

De la misma manera, Federico Aramayo Málaga, gerente general de la constructora Aramsa, tuvo el cargo de jefe del Comité de Infraestructura de Capeco. Provías Nacional le adjudicó a Aramsa 8 proyectos, el más cuantioso de ellos la rehabilitación de la carretera Ciudad Constitución-Puerto Súngaro, por 317,9 millones de soles. Lo ganó en consorcio con Casa, Hidalgo e Hidalgo y E. Reyna.

“No lo sabíamos”

Un patrón característico de las obras adjudicadas a los miembros del “Club de la Construcción” es que los consorcios que ganaban las licitaciones se intercambiaban entre una y otra obra para asegurarse una parte del presupuesto millonario.

“Pero también es cierto que muchas veces participábamos de buena fe en las consorcios, confiando en la reputación de las empresas. Ahora nadie quiere relacionarse con Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y otras, pero en ese tiempo todos los constructores peruanos deseaban asociarse con alguna”, afirmó la empresaria entrevistada por este diario.

“Así como nadie elige a los familiares, así pasaba con las brasileñas. En nuestro caso, nosotros desconocíamos los tratos bajo la mesa del ‘Club de la Construcción’. Una vez que culminen las investigaciones quedará claro que estamos limpios”, afirmó.

El gerente general del Grupo Plaza, Jesús Plaza Parra, y tesorero de Capeco, es otro de los directivos del gremio que tuvo que salir. El Grupo Plaza aparece en la “lista negra” entregada por Jorge Barata a la Fiscalía Anticorrupción.

En consorcio con Hidalgo e Hidalgo y Casa, el Grupo Plaza se hizo de la rehabilitación de la carretera Otuzco-Callacuyán por 174.4 millones de soles.

El representante de San Martín Contratistas Generales, Julián Siucho Dextre, tuvo que renunciar a Capeco porque su empresa también fue mencionada por Barata. En consorcio con la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Málaga y Johesa, San Martín Contratistas recibió la obra de la rehabilitación de la carretera Puerto Súngaro-San Alejandro por 386.7 millones de soles.

“Los investigados aprovecharon el entorno de Capeco, incluso las instalaciones y las reuniones de los miembros del gremio, para concertar la distribución de las obras direccionadas de Provías Nacional. Coincidentemente, estas personas que eran parte de la directiva, también ganaban las licitaciones por intermedio de la concertación impuesta por el ‘Club de la Construcción’. Los testimonios y las evidencias documentales, así lo indican”, señaló una fuente del Ministerio Público relacionada con el caso.

El presidente de Capeco, Enrique Espinosa, ha dicho públicamente que los directivos cuyas empresas están involucradas en el “Club de la Construcción” son sometidos a un proceso interno para determinar si vulneraron el código ético. Si es así, no seguirán más en la institución.

La empresa Superconcreto del Perú, según las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción, se adjudicó tres grandes obras de Provías Nacional, siendo la más cuantiosa la rehabilitación de la carretera Cochabamba-Chota, por 243.2 millones de soles. El gerente general de Superconcreto, Ricardo Manrique Daemisch, renunció como directivo de Capeco precisamente porque su representada es señalada como integrante del “Club de la Construcción”.

“El colaborador eficaz (Jorge Barata) ha manifestado que las oficinas de la Cámara Peruana de la Construcción era uno de los puntos de reunión de los miembros del ‘Club de la Construcción’, advirtiéndose que muchos de los representantes de las empresas también fueron asociados de Capeco”, señala el informe del fiscal Marcial Páucar Chappa, encargado del caso.

Efectivamente, los seis directivos que tuvieron que retirarse de Capeco no fueron los únicos que se presume usaron el gremio para sus actividades relacionadas con el “Club de la Construcción”.

Ex directivos de Capeco como Marco Aranda Toledo (Cosapi), Elard Tejeda Moscoso (Obrainsa), Norma Zeppilli del Mar (Mota Engil) y José Heighes Quiñones (JOHESA), también fueron parte de la directiva del gremio en el periodo bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción y ganaron millonaria obras adjudicadas por Provías Nacional.

“El caso ha impactado en nuestra institución”, dijo el empresario al que entrevistó este periódico: “Cuando pase el huracán, veremos quiénes eran la paja y quiénes el grano”.

Fuente La República

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