Constructoras del Puente Tarata III en la región San Martín que confesaron haber participado en actos de corrupción, y que están con investigación preparatoria, que incluye al expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda), siguen contratando con el Estado como si nada hubiera pasado.
Es el caso de la firma española Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), la misma que bancó cien mil grandes (se supone soles) a Juan Silva y Castillo Terrones, caso este que ha pasado a la fiscalía de lavado de activos que mantiene ese expediente como secreto de Estado, según pudo constatar EXPRESO.
El monto de 100 mil soles estaba relacionado con la construcción del Puente Tarata, y el que entregó la coima confesa fue Zamir Villaverde, grupo mafioso al que también pertenecía Karelim López.
“Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted… Cien grandes para usted, para usted. Este es un pequeño [monto], aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, dijo Zamir Villaverde en la conversación con Silva que está grabada y que el Ministerio Público tiene en su poder.
“Es la primera que me han mandado de Tarata, para que sepas. Me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, agregó Villaverde cuando ya estaba definida la buena pro de Tarata en noviembre del 2021, obviamente en favor del consorcio encabezado por Tapusa, la empresa que habría dado los 100 mil soles.
Pasados los años, ahora, Tapusa (como la peruana Termirex y la colombiana H. B. Estructuras Metálicas, que participaron en consorcio en el proyecto del referido puente), está en la mira del Ministerio Público porque, además, la firma española ha participado en consorcios que hasta el año pasado se adjudicaron 28 obras públicas valorizadas en 1,760 millones de soles.
Tapusa por cierto factura en el Perú desde 214, aunque entre 2019 y 2023 sumó más de 1,282 millones de soles, luego vino otro contrato por 282 millones y otros con Pedro Castillo, incluido en el gobierno de Dina Boluarte.
Si la investigación es de facto reservada, lo único que señalan los abogados que ven el caso -solicitando el anonimato- es que mientras el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o el juez que ve el caso no tomen medidas de prevención, o sentencia firme, cualquier empresa, así esté en delito confeso, puede seguir contratando con el Estado.
Como en los actos de corrupción materia de investigación está involucrado un expresidente y dos exministros (Juan Silva y Geiner Alvarado), la titular de la acción penal es la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por ser ellos aforados y esa debe ser una de las razones por lo reservado de la investigación.
Lo que sí se debe tomar en cuenta es, en primer lugar, que el expresidente Castillo Terrones no está preso por el fallido golpe de Estado sino está cumpliendo prisión preventiva por 36 meses por esta investigación, es decir por actos de corrupción en el MTC y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Segundo, las principales pruebas que utilizó la Fiscal de la Nación en su denuncia constitucional fueron las declaraciones de los colaboradores o aspirantes a colaboradores eficaces, como Samir Villaverde, Karelim López, Alcides Villafuerte Vizcarra (gerente de obras de PROVIAS Descentralizado) y miembros del comité de selección de Provías Nacional y empresarios privados.
Sin embargo, como hay una actitud permisiva de la Fiscalía, tanto el exministro Silva, el grupo de congresistas de Acción Popular llamados “los niños” por ser adictos por prebendas al gobierno de Castillo, y la misma Tapusa han negado su participación, lo cual es inverosímil para los observadores, al extremo que en el caso Puente Tarata la tinta habría sido cargada a la empresa peruana Termirex de propiedad de los cinco hermanos Pasapera Adrianzén.
Otros casos: CASA y Mota Engil
Como en el caso Tarata, otro ejemplo de que el acogimiento a la colaboración eficaz o la “confesión sincera” salva de todos los pecados veniales y capitales a los empresarios corruptos se muestra con la constructora ecuatoriana de siglas CASA (Construcción y Administración SA), también del Club de la Construcción, cuyo gerente general Jaime Sánchez Bernal efectivamente se acogió a la figura jurídica colaboracionista.
Como es público, el ejecutivo confesó ante la fiscalía que aportó dinero a la campaña del balotaje de Pedro Pablo Kuczynski por un monto de 450 mil soles y después, obviamente, recibió contratos por más de S/ 1,400 millones durante el gobierno del pepekausa y Martín Vizcarra, el entonces jefe de campaña y después vicepresidente.
Elvira Labarthe
Parecidas circunstancias con la firma Mota Engil que, siendo Vizcarra ministro del MTC, esta constructora –según el portal El Foco- “logró, en abril del 2017, ganar un contrato por S/ 8.6 millones para la instalación de un puente provisional sobre el río Virú. Y, con Vizcarra como presidente de la República, en el 2019, la constructora para la que trabajaba Elvira Labarthe (madre del ex premier Salvador del Solar) consiguió dos contratos por 47.6 millones de soles. Mota Engil es una de las 31 empresas que están involucradas en el ‘Club de la Construcción’, caso que viene siendo investigado por el fiscal Germán Juárez Atoche”.
Añade que “Rubén Lora, el jefe de la delegación de Mota Engil, fue quien llevó a Óscar Medellius, el excongresista de Nueva Mayoría – Cambio 90 y amigo de Vladimiro Montesinos, a las reuniones con Vizcarra, primero como vicepresidente y luego como presidente de la República. Medellius, como se recuerda, fugó del país en el 2001 y fue extraditado en el 2008 tras comprobarse que utilizó dinero público para financiar la fábrica de firmas falsas del movimiento fujimorista Vamos Vecino. Y recibió una sentencia de 8 años de prisión…”.
En otra oportunidad, Lora nuevamente llevó a Medellius y a una delegación de cuatro ejecutivos de la empresa China Railway Internacional Group, ante Vizcarra aun en el MTC. Lora dice que la firma china está interesada en construir un tren de cercanías en Lima y que Medellius es su representante en el Perú.
Luego, ya como presidente, Vizcarra recibió en Palacio de Gobierno la visita del mismo Medellius con Lora y los ejecutivos chinos. Esto trascendió a la prensa y fue un escándalo.
El 9 de noviembre del 2020 Vizcarra es vacado por el Congreso. En el interregno que siguió, Mota Engil no contrató ni una sola obra; sin embargo, reaparece con la entonces ministra del MTC Paola Lazarte, nada menos que asesora del ministro vizcarrista Carlos Estremadoyro en el actual gobierno, logrando un contrato para una obra de más de 160 millones.
Para entonces los llamados “lagartos” estaban retornando al poder en los sectores de Transportes y Comunicaciones y Vivienda.
‘Mafia vizcarrista’ en Vivienda y el MTC
La llamada “mafia vizcarrista” que opera en el actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte no se forma por un pacto entre el expresidente Martín Vizcarra con la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, sino que obedece a razones más de negocios y amistades.
Al asumir de forma intempestiva la presidencia, la hasta ese entonces congresista y abogada Dina Boluarte, debía de inmediato buscar, además de ministros con experiencia, cuadros directivos para las instituciones públicas.
Vizcarra Cornejo se dio cuenta de esta necesidad del Gobierno y la ejecutó de dos formas. Se infiltró en el nuevo gobierno a través del jefe de gabinete técnico de asesores de la presidencia, Morgan Niccolo Quero Gaime, que recomendó a Boluarte el nombramiento de Hania Pérez de Cuéllar Lubienska al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y es que ambos son amigos y ex alumnos del colegio Franco Peruano, señalan fuentes conocedoras del Ejecutivo.
Asimismo, recomendó el nombramiento de Amalia Moreno Vizcardo, funcionaria de confianza de Vizcarra, como viceministra de Construcción. También el nombramiento del asesor de la ministra de Vivienda, Jorge Rochabrunt Gamarra, y a través de él nombraron a Héctor Piscoya Vera, como presidente de Sedapal y al investigado exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Lozada. En el paquete entró otro asesor: Jorge Montenegro Chavesta, de triste recordación en el Ministerio de Agricultura y Riego.
De la misma manera Vizcarra coordinó, a través de Morgan Quero, el nombramiento de la hoy exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, así como del actual titular de esa cartera, el economista Raúl Pérez-Reyes Espejo.
Fuente Diario Expreso
