Loreto es una de las regiones del país con mayor número de casos de COVID-19 y una de las que tiene mayor déficit de equipos para los hospitales. Hace unos días, representantes del Ministerio Público acudieron a la sede de la Dirección Regional de Salud (Diresa) tras detectar una presunta compra sobrevalorada de balones de oxígeno. Ellos advirtieron que en un primer momento se adquirieron 100 balones llenos y debidamente equipados a S/2.100 cada uno, pero que luego se compraron 300 balones, algunos de los cuales no tenían oxígeno, a un precio unitario de S/2.500.
De acuerdo a información recogida hasta el día de ayer, el Ministerio Público viene investigando 32 presuntos casos de corrupción vinculados al sector salud cometidos durante el estado de emergencia. De esta cifra 9 están relacionados a hospitales, 6 a Direcciones Regionales de Salud y 6 a Gobiernos Regionales.
Asimismo, 4 de restos presuntos casos de corrupción están vinculados a Redes de Salud, dos a Redes de Salud Integrales, dos a Essalud, uno a la Dirección de Marina de Guerra, uno a la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Este y uno al Ministerio de Salud.
El fiscal superior Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra Delitos de Corrupción de Funcionarios, dijo a El Comercio que se viene investigando compras a excesivo costo de ambulancias, respiradores, ente otros bienes destinados al sector salud, los cuales en algunos casos incluso no habrían estado totalmente equipados conforme el requerimiento previo a la compra.
“Si ya en contrataciones normales hemos tenido problemas de corrupción vinculados a las compras, la alerta aumenta cuando se permite una contratación directa en el marco de esta emergencia sanitaria, ya que no hay concursos ni límites, simplemente es un trato entre el proveedor y el funcionario”, indicó.
ESTABLECER UN VÍNCULO
El magistrado explicó que estas investigaciones lo que buscan es establecer vínculos entre el funcionario y el proveedor, en base a indicios. Uno de estos sería la elección por parte de un empleador público de un proveedor que oferta un bien a un precio excesivo, teniendo otras alternativas mucho más económicas y de similar calidad.
“Por ejemplo, por qué tiene el funcionario que preferir pagar S/150 por un equipo si su calidad es igual o incluso menor que la de otro. Vamos viendo estos indicios y los agrupamos. Lo que pasa es que tener una prueba directa es bien difícil, nadie firma un documento aceptando el dinero de una coima. Por eso, la suma de varios indicios dentro un razonamiento lógico nos infiere que efectivamente ha habido un acto de corrupción», explicó.
DELITOS Y PENAS
En el caso se logre acreditar que estas compras han sido dirigidas hacia un determinado proveedor y que existió un acuerdo previo entre este y el funcionario se trataría de un delito de colusión agravada, cuya pena va desde los 6 a 15 años.
Otro escenario es que el funcionario haya querido beneficiar al proveedor y que la fiscalía no logre comprobar que este último conocía de esta situación. En este caso se estaría hablando de negociación incompatible.
En tanto, para determinar que se produjo el delito de peculado es necesario que el funcionario haya generado todo un escenario de compra y se haya puesto de acuerdo con el proveedor para que esta nunca se realice. Asimismo, si se apropia de una parte o el total del dinero dispuesto para la compra. Bajo esta situación la pena sería de hasta 12 años también.
Tello agregó que para estos procesos de investigación también se emplean diferentes técnicas, como la de los colaboradores eficaces, testigos protegidos, y una serie de herramientas a fin de poder demostrar una culpabilidad.
INEFICIENCIA
En el caso de comprobarse que no existió en ningún momento un acto de corrupción se archiva la investigación. Sin embargo, Tello sostuvo que eso no significa que no haya habido una ineficiencia por parte de la entidad pública en la adquisición de equipos sanitarios. “Es inexplicable que esto ocurra con los funcionarios que adquieren estos bienes. Es decir, el Estado no puede ser un mal comprador”, expresó.
Añadió que un argumento de defensa podría ser que la situación de emergencia ha encarecido los precios. “Puede ser en algunos productos, pero no en todos. No es solo que se compra caro sino que se compra mal. Lo más preocupante y reprochable es que se adquieren cosas que no sirven, como un alcohol que no llega al grado mínimo para poder combatir el virus y mascarillas que no protegen. Estamos hablando de un atentado directo contra las salud de las personas”, resaltó.
Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.
Fuente El Comercio
