Los perjuicios que deja la corrupción siguen sumando en Arequipa. La cantidad de dinero mal habido, que año a año va a los bolsillos de malos funcionarios, es incalculable.
En 2018, la Contraloría General de la República identificó una parte del perjuicio que generó la corrupción. Realizaron 30 auditorías a instituciones públicas de su ámbito. Los resultados de estas intervenciones muestran un perjuicio superior a los S/ 26 millones.
Los trabajos de control, en su mayoría, fueron realizados a municipalidades distritales. En total, se efectuaron 11 auditorías a ocho municipios distritales. Les sigue el Gobierno Regional de Arequipa, que el 2018 tuvo seis auditorías de control posterior. En la Municipalidad Provincial de Arequipa, se realizaron cinco exámenes de control. En la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), se efectuaron tres controles especiales y, en las unidades de gestión educativa local (UGEL), otras dos.
Mayores pérdidas
El Gobierno Regional de Arequipa fue la institución en la que más perjuicio se generó en contra del Estado. Los informes posteriores, realizados a obras de las gestiones de Juan Manuel Guillen y Yamila Osorio, determinaron la responsabilidad de 68 funcionarios en la pérdida de S/ 14 703 000.
Las auditorías no solo señalan la pérdida de dinero, también detectan otros problemas que afectan a la ciudadanía. Es el caso de la auditoría realizada a la ejecución de obras de alcantarillado para reservorios del distrito de Paucarpata. Esta obra, realizada durante la gestión Guillén y concluida en el periodo de Osorio, muestra que el expediente técnico se modificó cambiando el tipo de tubería, sin que hubiera un sustento técnico. Esto ocasionó que se corroyera. Desde octubre de 2015 a la fecha, las personas que se abastecen de estos reservorios reciben agua no apta para el consumo, por contener boro por encima de los niveles máximos permisibles.
La calidad de agua también es un problema para los pobladores del distrito de Huanu Huanu, ubicado en la provincia de Caravelí. Un informe de control, realizado a la obra de instalación y mejoramiento del servicio de agua en el distrito, demostró que la selección, para la ejecución y supervisión de obra, se realizó al margen de la normativa. Los funcionarios implicados en la falta admitieron una propuesta técnica a un postor que no cumplió con acreditar los factores de evaluación. Todo ello generó una pérdida S/ 6 021 000. El agua que abastece la obra tampoco es apta para el consumo humano.
Implicados
Los informes señalaron como responsables de las irregularidades a 220 personas, entre funcionarios y autoridades.
Entre los implicados está el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra. Se le menciona en dos informes de auditorías realizadas a la Municipalidad Provincial de Arequipa.
El primero está referido a la firma del convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se le encarga la licitación de la obra del viaducto Salaverry. Ello, pese a que no se cumplían los requisitos para este encargo.
También está incluido en un informe que observa la conciliación extrajudicial celebrada entre la comuna y la Asociación de Pequeñas Empresas Industriales del Cono Norte.
Otro es el caso de regidores de la municipalidad de Majes, quienes aprobaron una ordenanza para la habilitación urbana de un sector situado en zona de peligro. Algunos tenían sus terrenos en este sector.
La institución con más funcionarios implicados en inconductas funcionales es el Gobierno Regional de Arequipa. Le sigue la Municipalidad Provincial de Arequipa, luego están Autodema y las comunas distritales.
Contraloría pidió informes sobre aumento de sueldos en municipios
Alberto Arteaga, gerente de la oficina de la Contraloría en Arequipa, señaló que se pidió información a la Municipalidad Distrital de Paucarpata y a la provincial de Islay respecto al incremento de sueldos de funcionarios y la suba de dietas a regidores.
Según la Contraloría, estos aumentos de sueldo no se tienen que dar, ya que la ley de presupuesto público establece una política de austeridad. Los aumentos no se pueden aplicar. Sin embargo, para emitir una orientación a las comunas, se debe contar con un informe expedido por las municipalidades.
Para este año, se programó la realización de operativos. Algunos de ellos se harán a los devengados que dejaron las anteriores gestiones, los residuos sólidos, entre otros.
Fuente La República
