En el Concurso Público N.º 2-2025-SBS-1, el consorcio que ocupó el segundo lugar decidió apelar la adjudicación de la buena pro. Su posición se basaba en la convicción de que la oferta ganadora presentaba inconsistencias que debían llevar a su descalificación. La apelación señalaba, entre otros puntos, la supuesta falta de colegiatura del coordinador de soporte, la necesidad de mayor sustento en la justificación del precio ofertado, presuntas limitaciones de la herramienta de monitoreo y la obligación de contar con título habilitante por el uso de fibra óptica oscura.
Sin embargo, al resolver el caso mediante la Resolución N.º 07367-2025-TCP-S1, el Tribunal de Contrataciones Públicas concluyó que ninguno de los agravios tenía respaldo en las bases integradas del proceso y que el comité de selección había actuado dentro del marco previsto. La colegiatura no era exigible para el puesto según las funciones definidas; la evaluación del precio bajo se había realizado conforme al procedimiento; la herramienta cumplía lo requerido; y el servicio de fibra, tal como estaba planteado, no suponía la necesidad de autorización adicional.
La consecuencia fue clara: el recurso fue declarado infundado y la garantía presentada para interponer la apelación por un monto de S/ 1’605,000.00 fue ejecutada. A ello se suman los costos que no aparecen en la resolución: horas de análisis, trabajo interno, consultorías, reuniones y la oportunidad que no se destinó al siguiente proceso.
En una nota anterior publicada en este portal —“Cuando apelar no es conveniente: la estrategia que pocos te cuentan”— señalábamos que apelar no es un acto automático, sino una decisión estratégica. Este caso confirma esa idea con precisión. No basta con creer que el competidor se equivocó: es indispensable demostrar que las bases lo exigían de forma expresa.
Reflexión final
Apelar es un recurso legítimo dentro del sistema, pero su uso requiere criterio. No toda diferencia en la evaluación merece convertirse en controversia, y no todo desacuerdo debe escalarse al Tribunal. Hay casos en los que insistir puede terminar generando un costo mayor que el resultado que se busca corregir.
Nuestra experiencia en Licita Fácil nos ha demostrado que solo en alrededor del 20% de los casos que se nos consultan existe una base normativa y documental sólida para recomendar una apelación. En el resto, la alternativa más estratégica suele ser esperar, reforzar la propuesta y prepararse para competir nuevamente, con mejores probabilidades de éxito.
Saber cuándo actuar y cuándo no hacerlo es parte de una participación madura y sostenible en la contratación pública. Las empresas que aprenden a tomar decisiones con esta perspectiva no solo reducen riesgos, sino que incrementan su tasa real de adjudicación en el mediano plazo.
Si tu organización se encuentra en una situación similar y necesita evaluar la conveniencia de apelar o no, en Licita Fácil podemos revisar el caso de manera objetiva y confidencial, antes de asumir costos innecesarios.
A veces, la mejor estrategia no es insistir: es elegir el momento adecuado para volver a competir.
