En setiembre de cada año se debate en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Presupuesto. Para el 2020 este crecería 5% respecto al 2019, una cifra similar a la que se registra en los últimos cinco años.

El presupuesto no suele ser ejecutado en su totalidad y las diferentes instancias del gobierno devuelven el dinero no utilizado al Tesoro Público. En promedio se devuelven S/22.320 millones de los recursos públicos cada año –en los tres niveles de gobierno–, calcula la Unidad de Análisis Económico de El Comercio según las cifras registradas en Consulta Amigable (MEF).

Con este “vuelto” promedio anual, por ejemplo, se podrían construir 313 colegios de alto rendimiento, como el que se prevé realizar en Moquegua. Este, que se realizará bajo la modalidad de obras por impuestos (OxI), demandaría una inversión de alrededor de S/67 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por otro lado, si ese dinero se utilizara para la construcción de aeropuertos como el de Chinchero –cuyo valor asciende a US$658 millones, según Pro Inversión–, alcanzaría para construir 10,28 de estos proyectos.

La devolución anual promedio equivale también a 4,51 veces el monto que requiere la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez (que incluye la construcción de la segunda pista de aterrizaje y despegue, y un nuevo terminal), que demanda una inversión de US$1.500 millones, según Lima Airport Partners (LAP).

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

Si realizamos este ejercicio con la brecha de infraestructura por sectores, hallamos que lo que no se ejecuta cada año (S/22.320 millones) podría servir para cerrar más de tres veces la brecha en Educación y Electricidad. Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, dichos rubros requieren una inversión de S/5.917 millones y S/7.059 millones, respectivamente.

A su vez, los sectores Agua y Saneamiento requieren una inversión en infraestructura de S/30.264 millones y S/100.363 millones, respectivamente. Con lo que se devuelve cada año, se podría cerrar la brecha de agua en 73,75% y de saneamiento en 22,24%.

En el sector Salud, que requiere de una inversión en infraestructura de S/86.272 millones según el mencionado plan, podría cubrirse el 25,87% de la brecha con el monto devuelto anualmente.

“EL VUELTO”

“El dinero que se devuelve regresa al Tesoro Público. El MEF puede redireccionarlo hacia otras actividades, como también puede quedar para el presupuesto del siguiente año”, aclara Flavio Ausejo, director adjunto de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Las razones por las que se realiza la devolución de dinero, menciona Ausejo, pueden ser diversas.

Para comprender esta situación, explica, se debe tener en cuenta que el Estado no dispone a inicios de año con todo el dinero que se ha fijado en el presupuesto, lo que implica que puede haber retrasos en las transferencias.

También puede ocurrir que los procesos, obras o contrataciones no se ejecuten en los plazos establecidos, o que finalmente se opte por no realizar determinadas obras. “Eso se puede atribuir a muchos factores, entre ellos la ineficiencia”, detalla Ausejo.

Además, advierte que se registra como dinero devuelto a aquel monto que se tenía en el presupuesto pero nunca se llegó a transferir, ya sea por tiempo o porque se desistió de llevar a cabo el proyecto.

“Si vas a gastar S/100 millones, no quiere decir que el Ministerio de Economía te va a dar [obligatoriamente] dicho monto. Eso está en función de una programación mensual. Entonces, cuando ves que no lo vas a conseguir, se elimina [el proyecto] de la programación, pero se registra como si se hubiese devuelto”, puntualiza Ausejo.

Jorge González Izquierdo, profesor principal del Departamento Académico de Economía y de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, menciona que son dos los motivos por los cuales los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades no ejecutan el total del presupuesto que se les asigna.

“Principalmente, ineficiencia. En segundo lugar, corrupción, en el sentido de que retardan la ejecución”, finalizó.

Fuente El Comercio

2 Respuestas

  1. Eduardo Bailón

    Para evitar esto, cada gobierno regional o local debe actuar con honestidad y transparencia, hacer los procesos de licitaciones mas simples, sin tantas “trampitas” que direccionen las obras y adquisiciones, eso si, controlando desde la buena pro, el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, para eso la entidad debe seleccionar al personal idóneo de probada honradez, y accionar de inmediato ante cualquier denuncia que ensucie el proceso.

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