Un informe de la Contraloría General de la República ha puesto sobre el tapete presuntos hechos irregulares cometidos por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) en el mejoramiento del servicio de actividades deportivas, recreativas y culturales en el parque infantil Victoria Mejía de García. La obra está valuada en 2 millones 979 mil soles.
Son dos observaciones las formuladas por el ente de control: la devolución de la carta fianza a la contratista GROUP ALP S.R.L. de manera unilateral, y el retiro de los juegos recreativos. En ambos casos se involucraría al gerente municipal José López Vásquez.
Obviaron informes
De la revisión de la documentación, la Contraloría detectó que la Gerencia Municipal dispuso la devolución de la carta de garantía de fiel cumplimiento a pesar de que la liquidación de obra se encontraba observada por la falta de entrega de planos post construcción. Además, obvió que la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo indicó mantener en custodia la fianza.
Esta situación genera —subrayaron los auditores— el riesgo de que se efectúe el pago del saldo a favor del contratista sin cumplir con las obligaciones contractuales pendientes.
Fue el 4 de octubre del año en curso que el gerente general de GROUP ALP, David Dijecri Barboza Núñez, presentó la carta n.° 096-2018 a la Gerencia Municipal para solicitar la devolución de la carta fianza.
Es por eso que cinco días después el gerente municipal comunicó a la Gerencia de Administración y Finanzas sobre la entrega de la fianza por 227,983 soles, la que avala a la contratista en la ejecución de la obra. El trámite se finiquitó el 12 de octubre pasado, el que podría ocasionar el riesgo de que se efectúe el pago del saldo a favor del contratista sin cumplir con las obligaciones contractuales pendientes.
El segundo hecho está relacionado a la orden de José López para que los servidores municipales desinstalen y reparen los juegos recreativos del parque infantil sin considerar la evaluación de la Gerencia de Infraestructura y sin la presencia del contratista.
Esta situación, precisó la Contraloría, podría producir que el contratista no asuma el gasto que irrogue la reparación de dichos juegos.
CLAVE
Con la desinstalación de los juegos recreativos podrían haber gastos que afecten los intereses del municipio, remarcó la Contraloría. Y anotó que pueden darse eventuales controversias que produzca el procedimiento dispuesto al margen de la ley.
Fuente La República
