Es una pena que el Perú no esté enfrentando Lava Jato con la rigurosidad que requeriría este caso de corrupción quizá solo comparable al del fujimontesinismo de los noventa, al punto que la credibilidad de acusados y acusadores se sigue mellando.

Empezando por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, de quien cada semana aparece más evidencia que contradice sus respuestas previas sobre la oportunidad y naturaleza de sus nexos con la asesoría a Odebrecht.

Estas revelaciones son llover sobre mojado respecto de quien personifica a la nación, lo cual lo está dejando, como se dice popularmente, peor que palo de gallinero y acercándolo a un nuevo escenario de vacancia que, a diferencia del fracasado intento de diciembre, esta vez sí podría sacarlo de Palacio en una fecha que no es fácil de adivinar –¿antes de semana santa, día de la madre, fiestas patrias?– pero que no pasaría de este año.

Lo mismo ocurre con los líderes de casi todas las corrientes, aunque la perspectiva de sus procesos depende del respaldo político que tienen. Así, es obvia la diferencia entre lo que ocurre con Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia –quienes enfrentan una injusta prisión preventiva– pues no tienen bancada parlamentaria, que lo que sucede con Keiko Fujimori o Alan García, quienes se benefician del gran número de congresistas de una alianza para su impunidad alrededor de la comisión Lava Jato.

Este grupo de investigación ha demostrado absoluta parcialidad pues se ha dedicado a actuar como máquina de enjuague para limpiar a Keiko Fujimori y Alan García de cualquier acusación, y para organizarse como emboscada para perseguir a quienes incomoden sus posiciones políticas.

En este esfuerzo de evasión de la verdad destaca su presidenta Rosa Bartra, quien es una activista de la causa ‘lava Keiko’, razón por la cual su desprestigio es grande.

La lucha anticorrupción se ha prostituido. Se acusa en esa comisión a quien les dé la gana y actúan con arrogancia y estilo de matones.

Mientras, las cortes aplican prisiones preventivas a políticos y empresarios con criterios abusivos e inconsistentes, y se actúa sin la inteligencia suficiente como para hacer lucha anticorrupción en serio –como sí ocurre en otros países– pero sin perjudicar a la economía al prácticamente paralizar varios segmentos de la actividad económica, incluyendo el famoso y absurdo decreto de urgencia 003 e impidiendo que muchas empresas puedan colaborar con el proceso anticorrupción. Parece que eso es, precisamente, lo que quisieran evitar.

Fuente La República

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