El escenario posvacancia/indulto, tanto en su frente jurídico como en el político, y Lava Jato –sobre todo luego de que Jorge Barata inicie sus declaraciones ante la fiscalía– seguirán muy presentes en los siguientes meses. A estos dos temas, de gran impacto, se ha sumado uno tercero: la investigación iniciada por la fiscalía sobre el denominado ‘club de la construcción’, que involucraría a 30 de las mayores empresas que operan en esta actividad en el país. De no ser manejado apropiadamente por el Gobierno, este caso podría tener consecuencias muy negativas en la economía.

La denuncia es grave: según la fiscalía, un grupo de empresas constructoras se habría coludido para, en combinación con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, direccionar las licitaciones de Provías Nacional durante el gobierno del presidente Humala. La investigación de este caso está en una fase muy preliminar, y su resolución final puede tomar varios años.

Esta nueva crisis potencial tiene varias aristas. Primero, muchas de estas empresas tienen contratos en ejecución con el Gobierno Central y gobiernos regionales y locales. En segundo lugar, estos deberán licitar y contratar miles de millones de soles en obras de infraestructura durante los próximos años. Además, varias empresas investigadas participan en concesiones. Es decir, hay relaciones contractuales en curso y licitaciones por venir.

En el entorno de sospecha, desconfianza y denuncia creado por la nefasta gestión del anterior contralor y las investigaciones muchas veces poco informadas del Congreso, y exacerbado por Lava Jato, los funcionarios tendrán un especial temor a tomar decisiones, firmar documentos y, en general, desempeñar sus funciones. No es descabellado esperar que, por ejemplo, funcionarios recelosos ejecuten cartas fianzas de obras en marcha ante el primer contratiempo que estas enfrenten, que declaren desiertas licitaciones para evitar firmar contratos con empresas incluidas en las investigaciones, que sean renuentes a negociar adendas a veces indispensables para subsanar deficiencias de los contratos originales, etc.

El sector privado tampoco es ajeno a este escenario adverso. Con la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y frente al temor de enfrentar incumplimientos originados por problemas de liquidez de estas empresas, el sector privado podría enfrentar dificultades para contratar constructoras capaces de ejecutar sus proyectos de inversión. Si bien el mercado peruano es totalmente abierto a la entrada de nuevos jugadores, la instalación de estos no se produce de manera inmediata.

Este entorno de incertidumbre se completa con la previsible respuesta del sistema bancario: es de esperar que este sea renuente a otorgar líneas de cartas-fianza –indispensables en contratos de obra– o financiamiento a estas empresas.

Estamos, entonces, ante un evento que puede afectar muy seriamente la incipiente reactivación económica, pues está en riesgo la ejecución de inversión pública de toda magnitud: carreteras, hospitales, escuelas, programas como la Reconstrucción con Cambios, proyectos de irrigación, etc. Una eventual iliquidez de las empresas constructoras tendría efectos muy negativos en la cadena de pagos con proveedores, donde los de menor tamaño ya estaban golpeados por incumplimientos de empresas relacionadas a Lava Jato.

Por ello, resulta indispensable que el Gobierno diseñe una estrategia que, asegurando que se vaya a penalizar eficazmente el delito cuando los procesos judiciales culminen, minimice su impacto sobre la economía. Una opción podría ser la creación de un marco al cual puedan voluntariamente acogerse las empresas involucradas en las investigaciones, de manera que puedan continuar operando normalmente durante el tiempo que tomen los procesos judiciales. A la vez, el marco debiera ofrecer el confort a los funcionarios de continuar contratando con estas empresas. Debe incluir provisiones para el eventual pago de una reparación civil –por ejemplo, fideicomisos donde se depositen parte de los ingresos y de la eventual disposición de activos de estas empresas, prohibición de distribución de dividendos, restricciones a la contratación con empresas vinculadas, etc.–. Al final de los procesos, los funcionarios y representantes del sector privado que se encuentren culpables deberán ser castigados, y las empresas involucradas en actos de corrupción deberán pagar esas reparaciones. Es la forma en que se manejan estos casos en los países desarrollados. La alemana Siemens es el caso paradigmático: pagó US$1.600 millones en acuerdos judiciales con las autoridades norteamericanas y europeas, y 10 años después está completamente rehabilitada.

La inversión pública iba a ser uno de los motores del crecimiento de este año. Si este nuevo problema no se enfrenta con los instrumentos correctos, corremos el riesgo de desaprovechar el viento a favor, proveniente de un buen entorno internacional, pero, además, de afectar esa inversión, tan importante para la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y de la competitividad del país.

Fuente El Comercio

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