El presidente Martín Vizcarra exigió ayer al Congreso aprobar con prontitud el marco legal que le permita a la Contraloría General de la República (CGR) fiscalizar en simultáneo las inversiones destinadas a la presente emergencia sanitaria.
Y es que el jueves último el Congreso aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por la emergencia sanitaria, pero solo en diez aspectos. El punto once, que fue rechazado, era el relacionado a la intervención de la CGR, mediante el mecanismo del control concurrente o simultáneo.
Sobre el tema, la CGR emitió ayer un comunicado, saludando la decisión del Congreso de “preservar la autonomía e independencia del control gubernamental mediante el ejercicio de sus facultades legislativas”.
El presidente Vizcarra precisó ayer que nunca hubo la intención de sacar un marco legal de control a la medida del Poder Ejecutivo. Subrayó que el objetivo es tener con prontitud dicha norma. “La emergencia no espera. Las decisiones son día a día y queremos tener a la Contraloría al lado”, expresó.
Debate en curso
Previamente al mensaje de Vizcarra, miembros de la Mesa Directiva del Parlamento tuvieron una reunión con el premier Vicente Zeballos. Según contó a esta redacción Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso, en el encuentro se abordó la opción de que el Ejecutivo presente un proyecto de ley para que se debata con celeridad en el Congreso.
Ya en su mensaje de la una de la tarde, Vizcarra dio cuenta de un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, con dos párrafos concretos.
El lunes 30, la Mesa Directiva del Congreso volverá a reunirse a las 10 de la mañana, a fin de definir los pasos siguientes para aprobar con prontitud esta ley. Una eventual exoneración para que el texto ya no pase por las comisiones tendrá que ser definido por la Junta de Portavoces, adelantó Guillermo Aliaga.
Puntos de controversia
El presidente Vizcarra adelantó ayer los dos breves párrafos de su iniciativa: el primero regula la intervención de la CGR y el segundo precisa que la fiscalización de las contrataciones será con cargo de los pliegos nacional, regional o local.
Una de las observaciones que plantea Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, es que el Ejecutivo no precisa cómo se cubrirá el presupuesto adicional que va a requerir la Contraloría para cumplir con estas nuevas funciones.
Lo mismo expuso el legislador Guillermo Aliaga: “Por eso, en la reunión con Zeballos, hemos planteado realizar una mesa técnica con participación de la Contraloría y del Consejo de Ministros para ver los aspectos técnicos de la norma”.
Desde el Congreso ya existe un proyecto de ley número 4936, inicialmente formulado por Alianza para el Progreso (APP) y respaldado luego por las demás bancadas.
En este proyecto las bancadas proponen que la partida salga del 2% del valor de cada inversión a ser supervisada. Esta postura sería compartida además por la Contraloría.
Por otro lado, las bancadas proponen que la Contraloría fiscalice las inversiones superiores a los 10 millones de soles. En cambio, el texto del Ejecutivo apunta a supervisar la totalidad de inversiones, incluyendo las más pequeñas.
Opinión
Samuel Rotta, director ejecutivo – Proética:
“El Ejecutivo también debe articular en una sola plataforma, con la máxima transparencia, toda la información sobre los contratistas y contratos que realizan, por motivo de la presente emergencia”.
Otro párrafo excluido de las facultades
El Congreso también excluyó de las facultades otorgadas un corto párrafo según el cual el Ejecutivo pedía legislar sobre las personas en situación de vulnerabilidad de los penales y centros juveniles.
Al respecto, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, consideró que no se debe descuidar la situación de hacinamiento en momentos en que el Covid-19 arrecia.
La magistrada había propuesto que esta población sea protegida, incluso con la posible variación de su situación jurídica. Tras la negativa del Congreso, Ledesma apuntó que se pueden usar mecanismos constitucionales desde el indulto y el hábeas corpus.
Por otro lado, el Congreso envió ayer al Ejecutivo la autógrafa del texto que aprueba las facultades legislativas. Palacio tiene 45 días calendario para emitir las normas necesarias.
Fuente La República
