Mediante la resolución ejecutiva N°547, el gobernador de la región La Libertad, Luis Valdez Farías, dispuso abrir un proceso administrativo disciplinario al exgerente general, Carlos Matos Izquierdo.
Al exfuncionario de confianza se le acusa de, presuntamente, no haber supervisado y velado por el buen uso de los recursos financieros del Estado en la adquisición de bienes y productos para ayuda humanitaria y combustible durante el embate del fenómeno El Niño Costero.
Estas adquisiciones no contaban con los informes técnicos correspondientes.
EL DINERO. De acuerdo a lo especificado en la referida resolución ejecutiva, los bienes y productos adquiridos contratados de manera directa responden estrictamente a la atención de la emergencia que se vivía en ese entonces.
El presupuesto invertido en la compra de esos bienes y productos asciende a S/3’874,554.00, y se le responsabiliza al exgerente general del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), Carlos Matos, el presuntamente no haber exigido cumplir con las razones técnicas, ni supervisar el uso de los recursos financieros.
OBSERVACIONES. Entre las primeras observaciones que se realiza al trabajo de Carlos Matos, está el hecho de que el informe que sustenta las contrataciones directas N°1, 2 y 3 de 2017, derivadas de una situación de emergencia, no cuenta con los criterios técnicos que sustenten lo contratado, ocasionando así que no se haya supuestamente cautelado el uso transparente de los recursos públicos.
Para detallar, se trata de los requerimientos N°11 y 12 de fecha 17 de marzo de 2017, que están suscritos por el gerente regional de Defensa Nacional, César Campaña; la gerente de Administración, Cecilia Vereau; y Jorge Bringas, exgerente de Infraestructura ( los tres considerados el área usuaria). En resumen, solicitaban la adquisición de bienes y combustible para ayuda humanitaria por emergencia.
Según el oficio N°337 de fecha 4 de abril de 2017, se hizo el requerimiento de 8,500 galones de combustible, para la maquinaria que era utilizada en la limpieza de los cauces y las vías bloqueadas por las lluvias y huaicos.
GRAVE PELIGRO. Ante estos requerimientos, Juan de la Granja Castillo, subgerente de Logística y Servicios Generales, remite a través del informe N°14 a la Gerencia de Administración la propuesta de contratación directa de los bienes y productos.
El funcionario alegó en el documento: “Nos encontrábamos ante una situación de emergencia que supone grave peligro de que ocurra un acontecimiento catastrófico”.
Juan de la Granja indicó también que la aprobación de la contratación directa debe ser otorgada mediante acuerdo de consejo regional y debe contar con un informe técnico y legal.
No obstante, no advirtió que los requerimientos no contaban con informe técnico que sustente la procedencia de las contrataciones directas, es decir el criterio técnico para la determinación de los bienes y la cantidad de estos.
De acuerdo a la resolución ejecutiva N°547, otro funcionario que no habría advertido que los requerimientos no contaban con el informe técnico, fue el gerente de Asesoría Jurídica, Nelson Lozano.
En ese sentido, los requerimientos no cumplían con los requisitos señalados en la norma de contrataciones, por lo que no se puede determinar que los bienes contratados responde estrictamente a lo necesario para la atención de la emergencia.
LO APRUEBAN. Empero, el pleno del Consejo Regional, mediante acuerdo regional N°12-2017, aprobó la contratación directa por el causal de situación de emergencia para la adquisición de bienes y productos para ayuda humanitaria y combustible por el monto de S/3’874,454.00.
Asimismo, encargó al gerente general, Carlos Matos, bajo responsabilidad, la supervisión del adecuado uso de los recursos financieros del Estado.
Adicionalmente se aprobó la adquisición de 8,500 galones de combustible para abastecer el pool de maquinaria del gobierno regional hasta por un monto de S/93,500.
La entidad adquirió 700 bolsas de azúcar por el importe de S/87,500; pero esta adquisición no pudo ser regularizada debido a que el proveedor no contaba con Registro Nacional de Proveedores.
INVESTIGACIÓN. Según el informe de auditoría en cuestión, supuestamente el gobierno regional no ha regularizado dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada la entrega de los bienes con los informes que sustenten las razones técnicas que había seguido la entidad, a efectos de determinar que los bienes contratados responden a lo estrictamente necesario para la atención de la emergencia.
Es decir, no se determinó el número de personas damnificadas y afectadas. Tampoco el probable impacto y la población expuesta considerando los días de atención, a fin de poder definir la cantidad y tipo de bienes que corresponde adquirir, vulnerando de esta manera la Ley de Contrataciones.
NORMA VULNERADA. De acuerdo al informe de auditoría, Carlos Matos presuntamente ha transgredido la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley de Contrataciones del Estado, al no supervisar que las compras directas no contaban con los informes técnicos que determinen las cantidades y tipo de bienes que se adquirieron durante al emergencia, omitiendo supervisar el uso transparente de los recursos públicos, en marzo de 2017, durante al emergencia por el fenómeno El Niño Costero.
Ante este contexto, se ha creído necesario iniciar una investigación para determinar la veracidad ante las faltas descritas en la resolución ejecutiva N°547.
Es por tal motivo que se resolvió abrir un proceso administrativo disciplinario al exservidor Carlos Matos Izquierdo. Se le ha otorgado a Carlos Matos cinco días hábiles, después de notificado, para que realice sus descargos correspondientes.
Correo trató de contactarse con Carlos Matos para obtener su versión de los hechos, pero fue imposible mantener comunicación con él.
Fuente Diario Correo
