El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) usó recursos de proyectos de inversión pública para pagar a personal temporal que finalmente ejecutaron labores administrativas. Fueron en total 49 las contrataciones irregulares realizadas entre enero y febrero del 2020 que evidenció la Contraloría en su informe de control N° 10256-2020. La acción afectó con S/ 190 408.02 el presupuesto de 12 obras, entre proyectos de saneamiento, mejoramientos de carreteras y colegios, entre otros.
Las oficinas que hicieron el requerimiento de “profesionales”, “auxiliares” y “asistentes” administrativos, fue la de Logística y Patrimonio (18), Administración (18), Recursos Humanos (10), Tesorería (2) y Contabilidad (1). Esto cuando no tienen a su cargo la ejecución de obras. Además obviaron la intervención de la Gerencia Regional de Infraestructura y la subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión, que son las áreas competentes para este tipo de pedidos.
Según los contratos el objetivo era que desarrollen labores en las 12 obras, sin embargo, los informes los residentes de los proyectos señalan que no tuvieron a disposición ningún personal administrativo en los dos primeros meses del 2020. Ante el pedido de información de Contraloría sobre las actividades realizadas por ese personal, la jefatura de Recursos Humanos, a cargo de José Dávila Portugal, confirmó que realizaron actividades propias de las oficinas administrativas. Logística justificó que ayudaron en liquidaciones de obras, Tesorería para funciones de sus áreas, Recursos Humanos por la excesiva carga laboral, entre otros.
Además de los 49, hubo 8 contratados que no consignaron tener formación profesional o técnica que evidencie que cumplen el perfil requerido. Mientras que en 10 contratos, se contemplan 17 ampliaciones. “Lo que ocasiona que el presupuesto de los proyectos se sigan afectando”, señala una parte del documento de Contraloría.
Pese a que no procedían las contrataciones, Dávila Portugal, las viabilizó. El funcionario también pidió se confirme disponibilidad presupuestal para pagar a este personal ante la Oficina de Presupuesto y Tributación, encabezado por Alexander Arenas Puma. Esto pese a que Dávila tenía a 10 personas laborando en su oficina y conocía que no hacían labores en los proyectos de inversión. Arenas dio luz verde al pago, pero con presupuesto de las obras contraviniendo la normativa que lo impide. También resultan comprometidos Miguel Velásquez Condori por dar trámite el pago y de Daniel Huamaní Becerra, jefe de la Oficina de Contabilidad al dar la conformidad. La Contraloría dispuso al GRA que inicie las acciones administrativas contra estos 4 funcionarios por tener probable responsabilidad.
Fuente La República
